Nueva York.- El juez estadounidense que preside el caso penal contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió este martes una orden de protección que regula el manejo de las pruebas que la Fiscalía entregará a la defensa.
El magistrado, Alvin K. Hellerstein, ordenó a la Fiscalía entregar a la defensa de Maduro los documentos, objetos e información que forman parte del caso, pero los clasificó en varias categorías de riesgo para el proceso y estableció límites para cada una.
Hellerstein señala que la Fiscalía debe entregar el «material de descargo y de impugnación», pero reconoce que puede afectar la privacidad personal, perjudicar las investigaciones de personas aún no imputadas o generar publicidad que perjudique el caso, entre otras cosas.
En ese sentido, ordena que las pruebas generales que la Fiscalía entrega a la defensa no puedan ser divulgadas por los imputados ni por sus abogados, incluida su publicación en Internet o su filtración a los medios de comunicación.
El juez precisa que la Fiscalía le notificó que parte de la información está «almacenada electrónicamente» y fue obtenida de Maduro y su esposa, Cilia Flores, mediante órdenes judiciales durante la investigación, «de varias computadoras, celulares y otros dispositivos».
«Con el consentimiento de todas las partes, se autoriza a la Fiscalía a entregar a los abogados defensores todo este material electrónico, el cual será considerado material APO (Attorneys Posession Only) salvo que se indique otra clasificación», indica el auto.
La clasificación APO significa que dicho material sólo puede estar en posesión de los abogados defensores y su personal, y los acusados no pueden tenerlo físicamente excepto mientras lo revisan en su presencia.
La orden de protección para el manejo de pruebas permanecerá vigente incluso después de finalizada la causa penal, y el tribunal conservará la competencia para ejecutarla, tal y como establece el documento firmado por Hellerstein, y que es habitual en este tipo de casos.
Maduro y Flores fueron arrestados el 3 de enero durante un operativo de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York, donde están encarcelados.
Ambos se han declarado inocentes de cargos relacionados con tráfico de drogas y narcoterrorismo, y han pedido que se desestime el caso por motivos de inmunidad soberana.
Se espera que el juicio comience el 1 de junio de 2027.
