Santo Domingo.- La inflación no siempre se refleja en las estadísticas de la misma manera que se siente en los bolsillos de los ciudadanos.
Y si bien los indicadores oficiales pueden mostrar que el ritmo de crecimiento de los precios se mantiene dentro de los rangos establecidos, para los consumidores esto no significa que los productos y servicios hayan dejado de encarecerse o que su capacidad adquisitiva se haya recuperado.
Así lo explicóeconomista Juan del Rosario, quien considera que el inflación constituye un factor de empobrecimiento silencioso, yespecialmente para la clase media, cuyos ingresos suelen ser fijos y no necesariamente aumentan al mismo ritmo que los precios.
El especialista señaló que existe una diferencia entre la forma en que el Banco Central mide la inflación y cómo la viven los consumidores.
Sostuvo que mientras para las estadísticas oficiales se trata de una tasa de crecimiento de precios entre un período y otro, para las familias representa una reducción de su poder adquisitivo y mayores dificultades para adquirir los mismos bienes y servicios.
Del Rosario dijo que cuando se informa que la inflación aumentó un 3% o un 5% quiere decir que los precios registraron un aumento en esa proporción, no que han dejado de subir. Por lo tanto, el hecho de que la inflación se mantenga dentro del rango meta del 4% más o menos 1% no implica que el costo de vida haya disminuido.
“Para el consumidor la inflación significa pérdida de poder adquisitivo, significa tener cada mes más dificultades para adquirir los mismos bienes y servicios”, dijo a El Día.
La clase media, entre las más afectadas
El economista indicó que las empresas cuentan con mecanismos para afrontar aumentos en sus costos de producción, principalmente trasladando esos incrementos a los precios de los bienes y servicios que comercializan.
Sin embargo, los consumidores no tienen esa misma posibilidad. Cuando los precios suben, deben recurrir a sus ingresos regulares para cubrir los nuevos costos, sin recibir necesariamente un aumento salarial para compensar la diferencia.
Entiende que esta situación afecta especialmente a la clase media, porque una parte importante de sus miembros percibe ingresos fijos y no cuenta con suficientes mecanismos de protección estatal para amortiguar el aumento de los precios de los productos.
Del Rosario consideró que los incentivos, subsidios y transferencias del Estado tienden a concentrarse en empresas e intermediarios, por lo que los consumidores finales reciben una proporción limitada de esos beneficios.
Sin embargo, aclaró que los sectores de menores ingresos tampoco están completamente protegidos, ya que no todos reciben ayudas estatales.
Dijo también que quienes dependen de pequeños negocios, actividades informales o comercio enfrentan dificultades para trasladar plenamente los aumentos de sus costos a sus clientes, quienes además tienen limitada capacidad de compra.
En ese sentido, advirtió que el impacto de la inflación termina extendiéndose a distintos segmentos de la población, aunque sus efectos se manifiestan de manera diferente.
Los minoristas proponen un acuerdo para contener los precios
Del sector comercial, Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidoss, atribuyó las recientes presiones inflacionarias a los aumentos del petróleo y sus derivados, que han afectado los costos de los combustibles, materias primas y productos terminados, tanto nacionales como importados.
Rosario señaló que, de marzo a la fecha, el incremento en los precios de los combustibles es de entre 14% y 15%, situación que, según explicó, impacta directamente en los costos de producción, transporte y comercialización.
Ante este escenario, la organización presentó dos propuestas para afrontar los efectos de los aumentos.
La primera es que el Presidente de la República, en su calidad de jefe del Gabinete Agropecuario, reúna a los sectores agrícola y comercial para coordinar acciones que reduzcan los costos de producción, importación, transporte y distribución de mercancías.
El objetivo, explicó, es transformar los procesos de producción y comercialización para que los productos puedan llegar a los sectores productivos y a los consumidores a precios más asequibles.
La segunda propuesta contempla la celebración de la primera Cumbre Nacional de Precios, prevista para el 8 de diciembre de este año, con la participación de entidades gubernamentales y representantes de los sectores productivos.
La iniciativa busca construir una propuesta conjunta para enfrentar los efectos de la crisis internacional en la economía dominicana y establecer medidas que contribuyan a reducir sus consecuencias durante 2027.
«Con las protestas no ganamos nada, sin embargo, con propuestas viables ganamos todo», dijo Rosario, insistiendo en la necesidad de que el Gobierno y los sectores productivos trabajen de manera coordinada.
