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lunes, noviembre 16, 2026
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costo y nada más (III)

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En la columna anterior informábamos que las AFP han consumido la enorme cifra de RD$126,489 millones, sumando ganancias y costos operativos, financiados con el esfuerzo de todos los que aportan al sistema de seguridad social, a cambio de pensiones de pobreza.

A esta riqueza desperdiciada la llamamos “coste social” y, para ilustrarlo mejor, dijimos que esta cantidad equivale a 31 veces el presupuesto del 911, el doble del presupuesto anual del Servicio Nacional de Salud y los recursos del Seguro Nacional de Salud. Asimismo, este monto podría financiar más de 2.100 pensiones solidarias, durante 10 años, para personas mayores que carecen de este elemental derecho.

Agreguemos ahora otro elemento: ¿En qué negocios ponen las AFP el dinero que debería ser para las pensiones de millones de dominicanos y gracias a los cuales obtienen ganancias impresionantes y cubren costos operativos monumentales?

Por un lado, el 57% del fondo está invertido en bonos del Ministerio de Hacienda y el 7,9% en instrumentos del Banco Central, sumando el 64,9% del activo.

Este negocio es notoriamente impactante, ya que primero requiere que nuestro Estado permanezca crónicamente insuficientemente financiado, liberando a los sectores y agentes más exitosos de la economía de cargas tributarias, e incapaz de financiar servicios y derechos fundamentales.

Luego, al poner el 65% de la inversión en deuda estatal, lo que están haciendo las AFP es prestar el dinero de millones de contribuyentes y, posteriormente, recaudar el capital y los intereses con los impuestos de los mismos contribuyentes (aquellos a quienes se les cobra el impuesto al salario).

Por otro lado, las AFP ponen el 35% de nuestros fondos en bancos y entidades de sus mismos grupos financieros, así como en fondos de inversión, fideicomisos y en empresas apalancadoras “a la carta”. Por ejemplo, sectores boyantes que cuentan con privilegios fiscales, como hoteles, turismo y generación eléctrica, reciben más de RD$140,000 millones. Incluso plazas comerciales y edificios corporativos se benefician con RD$24,761 millones, mientras que los centros médicos residenciales y privados se bañan con la lluvia de casi RD$3,500 millones.

Es esta estructura empresarial la que explica que las AFP se apresuraran a invertir RD$3,492 millones para salvar a la firma de César Iglesias, tal como lo hicieron con Acero Estrella y Grupo Rica, solucionando problemas de liquidez y deudas con los bancos, aunque luego las acciones se desploman y los aportantes son los perdedores.

En ninguno de los anteriores hay una sola obra de alta ingeniería financiera, ni un aporte de valor agregado a la economía. Y posiblemente ni siquiera los propios empleados de las AFP vean reflejado tantos miles de millones en sus salarios mensuales.

La Ley número 87-01, específicamente su artículo 96, anticipó que las cosas serían muy diferentes, estableciendo que “las AFP deberán priorizar la asignación de recursos en aquellas actividades que optimicen el impacto en la generación de empleo, la construcción de viviendas y la promoción de actividades industriales y agrícolas”.

Pero la ley es lo de menos, el negocio es el resto, y si las AFP no dan pensiones, nos cuestan los impuestos e invierten en todo menos en lo que genera empleo, vivienda, industria y desarrollo, sólo se puede señalar, una y otra vez, que son un costo y nada más.

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