Santo Domingo. El Plan Presidencial de Asistencia Social (PASP) dejó RD$1,556.4 millones de su presupuesto subutilizado durante los años 2023 y 2024, según una auditoría de la Contraloría General de la República que también detectó deficiencias en almacenes, activos, expedientes de empleados, estados financieros y procesos de planificación.
La Contraloría establece que durante el período auditado la institución contó con un presupuesto vigente de RD$15,360,624,193.65, de los cuales RD$579,523,653.55 quedaron sin programar y otros RD$976,923,890.32 fueron programados, pero no ejecutados.
En conjunto, ambos montos suman RD$1,556,447,543.87 de presupuesto subutilizado.
En el informe, el concepto de “presupuesto subutilizado” se refiere a recursos que formaban parte del presupuesto actual de la institución, pero que no fueron utilizados durante el período evaluado. Esto quiere decir que una parte del dinero no fue incorporada a la programación del gasto y otra, aunque sí programada, no fue ejecutada.
La mayor parte de estos recursos correspondieron al año 2023, cuando se subutilizaron RD$1,491.1 millones, mientras que en 2024 la cifra bajó a RD$65.3 millones.
El documento no establece que estos fondos hayan desaparecido o hayan sido utilizados de manera irregular. Sin embargo, no explica específicamente las razones por las que no fueron ejecutados ni detalla qué sucedió posteriormente con esos recursos, como si fueron devueltos al Tesoro, reasignados o incorporados a otros ejercicios presupuestarios.
Réplica no explica los RD$1,556 millones
El Plan Social presentó una respuesta a las observaciones realizadas por la Contraloría, en la que ofreció explicaciones sobre diversos aspectos financieros y administrativos.
Entre ellos, justificó diferencias entre el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), señalando que algunas actividades no contaron con asignaciones presupuestales específicas porque no representaron un gasto adicional y se ejecutaron con personal, recursos e insumos ya disponibles.
La entidad también explicó un rubro identificado como “kits de limpieza”, señalando que esta denominación corresponde a un código de catálogo utilizado por la Dirección General de Contratación Pública y que agrupa materiales e insumos destinados al mantenimiento y limpieza de las instalaciones.
El PASP sostuvo que en el POA de 2023 no se había especificado esta necesidad debido a la ausencia de un responsable de Servicios Generales al momento de formularlo y aseguró que la situación fue corregida en 2024. Plan Social-2023-2024-VF
Sin embargo, en la respuesta incluida en el informe no hay una justificación específica para los RD$1,556.4 millones clasificados por la Contraloría como presupuesto subutilizado, ni una explicación para el destino posterior de esos recursos.
Se corrigieron ocho hallazgos.
Además de la sección sobre ejecución presupuestaria, la auditoría identificó ocho hallazgos relacionados con controles internos, estados financieros, almacenes, activos, planificación de compras y recursos humanos.
Todos aparecen en el resumen ejecutivo con el estado de “corregido posteriormente”. Entre las debilidades detectadas estuvo la falta de un sistema automatizado e integrado de registro de las operaciones financieras.
El Plan Social explicó que contaba con el sistema SAF WEB, pero que el desarrollador había dejado de brindar soporte, situación que impedía actualizaciones y mejoras. Como medida correctiva, informó que se encontraba evaluando alternativas para implementar un sistema ERP que integre procesos financieros, presupuestales, administrativos y de inventarios. Plan-social-2023-2024-VF
Estados financieros y almacenes.
La Contraloría también observó que los estados financieros no fueron presentados de manera comparativa, como lo establece la normativa de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
El PASP informó que desde junio de 2025 comenzó a elaborarlos de manera comparativa y presentó las pruebas correspondientes, por lo que la acusación se dio por subsanada.
En los almacenes, los auditores detectaron deficiencias en la segregación e identificación de artículos, limitaciones de espacio, ausencia de sistema contra incendios e insuficiente personal de seguridad en las instalaciones externas ubicadas en los kilómetros 22 y 24 de la carretera Duarte.
La institución respondió que reorganizó y clasificó la mercancía almacenada, reforzó la seguridad y dispuso evaluar la posible instalación de un sistema de protección contra incendios.
Bienes y activos
La auditoría también determinó que el terreno donde opera la oficina principal del PASP no contaba con título de propiedad.
La institución explicó que había presentado cuatro solicitudes formales de titulación del inmueble y que se encontraba gestionando la regularización del terreno con Bienes Nacionales. Luego de revisar las pruebas, la Contraloría consideró subsanado ese punto.
También se identificaron activos sin códigos de identificación internos y un inventario de activos fijos cuyo valor en libros no fue determinado.
El PASP respondió que los bienes adquiridos durante la administración fueron registrados y valuados, aunque reconoció que una parte importante de los bienes adquiridos anteriormente carecían de información sobre su costo de adquisición y valor en libros.
Archivos incompletos
En materia de recursos humanos, la Contraloría revisó una muestra de 65 expedientes físicos de empleados y encontró múltiples documentos faltantes.
De ellos, 51 no contaban con carta de no objeción de la Secretaría de la Función Pública, siete carecían de currículum vitae, 20 no contenían informe de entrevista, 62 no contaban con resultados de pruebas psicométricas y técnicas, 18 no presentaban certificados educativos, 45 carecían de evidencia de evaluación de desempeño y 51 no contaban con certificado médico.
El Plan Social informó que revisó y actualizó las políticas y procedimientos para la elaboración y custodia de expedientes de personal, tras lo cual se declaró subsanado el hallazgo.
La auditoría abarcó operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 y tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de las leyes aplicables y la efectividad de los controles internos de la institución.
Aunque luego se declararon subsanados los ocho hallazgos administrativos, el informe mantiene la subutilización de RD$1,556.4 millones, sin que en la réplica del Plan Social aparezca una explicación específica sobre las causas de esa baja ejecución ni sobre el destino posterior de esos recursos.
