Santo Domingo.-La inteligencia artificial puede contribuir a agilizar trámites y mejorar los servicios públicos en República Dominicana, pero su uso debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Así lo establece el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, aprobado por el Presidente Luis Abinader mediante Decreto 787-26, del 2 de noviembre de 2026.
Si bien está dirigido a instituciones estatales, su alcance impacta directamente en la población, especialmente cuando las herramientas tecnológicas intervienen en procedimientos administrativos, evaluaciones de solicitudes y decisiones que afectan a las personas.
Uno de los aspectos más importantes es que las personas tendrán derecho a saber cuándo una decisión o servicio público que les afecta ha sido apoyado por inteligencia artificial.
Además, podrán solicitar explicaciones, exigir una revisión humana y exigir la corrección de errores cuando consideren que una decisión administrativa les perjudica.
Las regulaciones exigen a las instituciones proteger la privacidad y la información personal de quienes utilizan sus servicios, así como evitar decisiones discriminatorias por condiciones económicas, características individuales u otros factores.
Las prácticas prohibidas incluyen la clasificación social de los ciudadanos para determinar su acceso a derechos y servicios públicos, así como el uso de estas tecnologías para manipular el comportamiento de las personas a través de propaganda política, desinformación institucional o técnicas de influencia encubierta.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) estará a cargo de la supervisión ética, mientras que la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OGTIC) ofrecerá apoyo técnico.
El código también contempla evaluaciones de impacto, mecanismos para recibir denuncias ciudadanas y la creación de un portal público con información sobre los sistemas de inteligencia artificial utilizados por las instituciones.
Las entidades estatales tendrán 180 días naturales, contados a partir de la publicación del decreto, para adaptar sus procedimientos y adoptar las medidas correspondientes.
El director general de la OGTIC, Edgar Batista, calificó la promulgación del Decreto 787-26 como un paso trascendental para República Dominicana en materia de gobernanza de la inteligencia artificial.
“Con este instrumento, nuestro país avanza hacia un modelo de gobernanza digital en el que la innovación tecnológica tiene un principio y un propósito fundamental: estar al servicio de las personas”, destacó Batista.
El funcionario valoró la iniciativa impulsada por el presidente Luis Abinader, a través de la OGTIC y la DIGEIG, con el apoyo de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP).
«El código establece reglas claras, salvaguardas y límites para garantizar el uso responsable, seguro, ético y transparente de la inteligencia artificial en el Estado. No se trata sólo de incorporar nuevas tecnologías a la Administración Pública, sino también de garantizar que su implementación respete los derechos fundamentales, proteja la privacidad y fortalezca la confianza ciudadana», añadió.
Transparencia
— en su uso
Las instituciones deberán registrar los sistemas de inteligencia artificial que utilicen y publicar información sobre los mismos en un portal de transparencia. Esto nos permitirá conocer cómo el Estado utiliza estas tecnologías.
