Santo Domingo.– El senador Antonio Taveras Guzmán propuso que el Senado invite al ministro del Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional a explicar las muertes ocurridas durante los llamados “intercambios de disparos”, así como los protocolos para el uso de fuerza letal y los mecanismos de investigación aplicados en esos casos.
“Hay que combatir la delincuencia con firmeza, pero aquí no existe la pena de muerte”, afirmó el legislador de la provincia de Santo Domingo, advirtiendo que la lucha contra la delincuencia debe realizarse dentro del respeto al Estado de derecho.
Taveras sostuvo que los policías sólo deben recurrir a la fuerza letal cuando exista una amenaza inminente para su vida o la de otra persona y sea estrictamente inevitable para protegerla.
En ese sentido, consideró que la versión de un “intercambio de disparos” no puede sustituir una investigación ni servir como justificación automática de una muerte.
El senador recordó los casos de los esposos evangélicos Joel Eusebio Díaz Ferrer y Elisa Muñoz Marte, asesinados por policías el 30 de marzo de 2021 en Villa Altagracia cuando regresaban de una actividad religiosa. También citó la muerte de cinco hombres durante una intervención policial en La Barranquita, Santiago, en septiembre de 2025.
Estadísticas en cuestión
Según los boletines de seguridad ciudadana citados en la propuesta, durante 2025 se registraron 215 muertes catalogadas como “intervención legal” por parte de agentes del orden, equivalente a casi el 16% de los 1.371 homicidios registrados en ese año.
En el primer semestre de 2026, la cifra ascendió a 144 muertes bajo esa categoría, lo que representa el 23% de los 625 homicidios registrados en ese período.
Para Taveras, estos datos ameritan explicaciones de las autoridades y garantías de que cada caso sea investigado con objetividad, aunque reconoció que las estadísticas, por sí solas, no demuestran la existencia de un patrón sistemático de uso desproporcionado de la fuerza.
Solicitar detalles de las investigaciones
La resolución propone que las autoridades informen cómo verifican las versiones ofrecidas por los agentes involucrados, qué investigaciones está realizando la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional y qué resultados han obtenido.
Asimismo, solicita detalles sobre la coordinación con el Ministerio Público y los procedimientos establecidos para evitar que los operativos de captura y detención terminen innecesariamente con la pérdida de vidas humanas.
El documento también establece que estar bajo investigación, tener antecedentes penales o ser objeto de una orden de arresto no constituye, por sí solo, una justificación para el uso de fuerza letal.
La iniciativa busca concientizar al Senado sobre el accionar de los organismos responsables y que las autoridades rindan cuentas por el uso de la fuerza policial, en un contexto en el que las muertes durante intervenciones de agentes del orden representan una proporción importante de los homicidios registrados.
