La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi) expresó su apoyo a la aprobación de esta legislación, considerando que establece un marco regulatorio más claro, habiendo recibido las recomendaciones del gremio sobre el borrador preliminar de Ley de alquiler de bienes raíces y desalojos.
El Gremio explicó que, a principios de este mes, celebró una reunión en la que su propuesta recibió una recepción favorable, en línea con su interés en contribuir al fortalecimiento de un sector inmobiliario robusto, que impacta positivamente tanto a los ciudadanos como a los postores de estos servicios.
«Valoramos positivamente que el proceso de revisión legislativa ha considerado nuestras observaciones con respecto al equilibrio entre los derechos contractuales, las garantías de procedimientos y el dinamismo del mercado inmobiliario», dijo la entidad.
Entre los puntos revisados, destacaron la eliminación de la cláusula que estableció como obligatoria la conciliación preprocesal, que reduce los cargos innecesarios y evita la imposición de etapas que podrían retrasar la resolución de conflictos entre los propietarios y los inquilinos.
También se especificó que el aumento máximo en la tarifa de arrendamiento, equivalente al diez por ciento (10 %), solo procede en ausencia de estipulación expresa entre las partes, lo que garantiza el respeto por la autonomía de la voluntad contractual.
Del mismo modo, las disposiciones otorgadas al inquilino fueron abolidas una opción de compra obligatoria sobre la propiedad arrendada, preservando la libertad del propietario para deshacerse de su bien de acuerdo con su interés legítimo.
Además, el Sanciones aplicables En el proceso de ejecución, se enviaron al marco previsto en la ley de la fuerza pública, que establece un criterio uniforme para el cumplimiento de las decisiones judiciales y los procedimientos de desalojo.
Del mismo modo, se estableció un período máximo de quince (15) días hábiles para presentar la apelación contra las sentencias dictadas en la vivienda, lo que proporciona una mayor certeza legal al procedimiento y facilita su procesamiento adecuado.
«Con la riqueza que ahora tiene la pieza, entendemos que la República Dominicana está más cerca de tener un instrumento normativo comparable a las mejores prácticas regionales en los arrendamientos de bienes raíces», dijo el Gremio, señalando que la versión actual del borrador fortalece la certeza legal y contribuye a la eficiencia del mercado de alquiler de bienes inmuebles.
