Santo Domingo.- El abogado Vinicio Aquino Figuereo, representante legal del coronel Narciso Antonio Ramírez, quien se desempeñó como director de la Administración de Armas de la Policía Nacional, y del capitán Juan Miguel Soler, imputados en la Operación Pandora, aseguró que están violando los derechos de la detenidos, ya que, supuestamente, el plazo para el pedido de coacción vencía a la 1:00 de la tarde.
Asimismo, indicó que si dentro de las dos horas el Ministerio Público no presenta la solicitud de medida coercitiva, presentará un hábeas corpus ante la Oficina de Atención Permanente.
Acerca de la Operación Pandora
El Ministerio Público lanzó la Operación Pandora, contra una red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, encabezada por el coronel que dirigía la Administración de Armas de dicha institución. Esta red robó más de 900.000 proyectiles.
La investigación que dio lugar a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, tras una petición conjunta del Ministerio del Interior y de la Policía y el director general de los servicios uniformados.
Más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) participaron en la ejecución de la Operación Pandora, y más de 40 fiscales realizaron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Durante el operativo fue detenido el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien estaba a cargo de la custodia de las armas y municiones, así como el teniente de alcalde Juan Miguel Pérez Soler. También fueron detenidos el Capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Equipos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar el robo de cientos de municiones; y el subteniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además, se encuentran detenidos por medidas coercitivas el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los soldados Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes se desempeñaron como piezas. clave en la parte operativa de la organización criminal.
El Ministerio Público destacó que el Capitán Santos había sido auditor de la Administración de Armas durante más de seis años y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los cabecillas de la red para intentar manipular nuevamente los números antes de la avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores.
En las últimas semanas, fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado intensamente para llevar a cabo este operativo, que cuenta con una auditoría a la Policía Nacional que arrojó faltas no sólo de carácter disciplinario, sino también de carácter penal.
Las diligencias investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, pruebas digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, consolidando un conjunto robusto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción.
El Ministerio Público señaló que este caso es un ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede arrojar resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, valoró el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de derecho y su proceso de reforma al denunciar estos hechos. «Estamos convencidos de que este caso marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del orden», dijo la agencia en un comunicado de prensa.
