Santo Domingo.– El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste ratificó este viernes la prisión preventiva contra tres de los acusados de formar parte de la red que habría cometido un fraude de RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera), desmantelado mediante la Operación Búho.
La decisión fue adoptada por el presidente del tribunal, magistrado Julio Aybar, quien rechazó los pedidos de cese de la medida coercitiva presentados por las defensas de Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra.
Al fundamentar su resolución, el magistrado consideró que el plazo prudencial de prisión preventiva sigue vigente y recordó que su cese no es automático, sino que requiere la valoración de distintas circunstancias.
Entre los aspectos considerados están la gravedad de los hechos, la posible pena en caso de condena y las garantías ofrecidas por los imputados para afrontar el juicio en libertad.
Asimismo, tomó en cuenta que el Ministerio Público está preparado para presentar su discurso de apertura durante el inicio del juicio, previsto para el 20 de noviembre de 2026. A esto se suma que los presupuestos presentados por las defensas ya habían sido evaluados por otros jueces y fueron considerados insuficientes.
En consecuencia, Gabriel Santana Borsilea continuará recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, mientras que Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra permanecerán en el CCR-XVII de Najayo, en la provincia de San Cristóbal.
Durante la audiencia, el órgano fiscal estuvo representado por el fiscal general del tribunal Eduardo Velázquez Muñoz, de la Dirección General de Fiscalía, y el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Más de 366 personas afectadas por el fraude
Según el expediente del Ministerio Público, la estructura criminal perjudicó a 366 víctimas mediante un esquema de operaciones fraudulentas que incluyó la simulación de préstamos y la emisión de certificados financieros inorgánicos.
Estas maniobras tenían como objetivo desviar recursos pertenecientes a asociados y ahorradores de Coop-Herrera, según la acusación.
Además de los tres imputados cuya prisión preventiva fue ratificada, en el proceso judicial participan Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.
Asimismo, en el expediente aparecen las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 SRL, ByT Diseños y Construcciones SRL, Conspebo RD SRL, Comercial Gabriel Santana SRL, Gabriel Santana Auto Import SRL, GSB Music Studio y Productions SRL y GBS Baseball Academy SRL.
Para sustentar la acusación, el Ministerio Público reunió cientos de elementos de prueba, entre materiales, periciales, testimoniales y documentales. También incorporó informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección del Registro Nacional de Títulos.
Operación Búho: así empezó la investigación
La Operación Búho fue lanzada el 4 de octubre de 2023, luego de varios meses de investigación que permitieron identificar y arrestar a ejecutivos de Coop-Herrera presuntamente vinculados al fraude.
El despliegue de las autoridades contó con la participación de más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una decena de miembros de equipos especiales. La intervención se produjo luego de que el Instituto de Fomento y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varios particulares presentaran denuncias contra directivos de la entidad.
Como parte de las acciones, las autoridades ocuparon edificios, embarcaciones, vehículos y otras propiedades de lujo, mediante órdenes judiciales autorizadas por un tribunal.
Según las investigaciones, los imputados utilizaron mecanismos como la simulación de préstamos y la emisión de certificados financieros no respaldados para desviar los ahorros y aportaciones de los afiliados.
Finalmente, el caso es resultado del trabajo conjunto de la Dirección General de Fiscalía del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
