Asunción (EFE).- La Policía Nacional de Paraguay detuvo este viernes al expresidente Santiago Peña luego de que la Fiscalía ordenara la detención por «daño de confianza» minutos después de que el Senado lo destituyera de su cargo y lo dejara sin competencia, en medio de la crisis política desatada por el cierre del banco Ueno.
«Ya se encuentra oficialmente detenido» en su domicilio, confirmaron las autoridades, luego de que la Fiscalía solicitara la medida «hasta que sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción» de Asunción.
El documento también dicta la detención de Carlos Carvallo Spalding, quien hasta el pasado martes dirigía el Banco Central del Paraguay (BCP).
Con el voto a favor de los 44 senadores presentes, Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente en la historia reciente de Paraguay en ser destituido del poder mediante un juicio político, tras el izquierdista Fernando Lugo (2008-2012).
Su hasta ahora vicepresidente, Pedro Alliana, asumirá como su sucesor.
El ahora expresidente no acudió a la Legislatura, pese a estar citado personalmente, y delegó su representación en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes presentaron la defensa «técnica» y «jurídica» de Peña.
¿Qué implicaciones tiene la destitución de Santiago Peña?
Peña se mantuvo en el cargo luego de que el Congreso no se pronunciara por falta de quórum sobre la renuncia que presentó este jueves.
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, «a menos que hayan sido acusados y declarados culpables».
Un senador vitalicio goza de privilegios y no puede ser sometido a proceso penal sin que el Congreso apruebe el retiro de dicha inmunidad. Con la destitución, Peña dejará de ser senador vitalicio.
Poco antes de la votación, Peña afirmó en su cuenta X que había presentado su renuncia para evitar mayores daños al país y contribuir a restablecer la tranquilidad.
«No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. «Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal», dijo en un mensaje en el que también llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir las instituciones y recuperar la confianza.
«Me despido con gratitud, sin ignorar la angustia de quienes hoy esperan respuestas», agregó el presidente.
El escándalo que provocó la caída del presidente de Paraguay
Paraguay entró en crisis luego de que el Banco Central (BCP) ordenara un procedimiento de resolución para Ueno, institución con 2,9 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió recursos millonarios de entidades públicas durante el mandato del ahora exgobernador.
A esto se sumó la preocupación de miles de ahorristas que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), uno de los principales fondos de pensiones del país.
Incluso los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares «del pueblo paraguayo» tras el cierre del banco Ueno, y pidieron declarar culpable al presidente, al que calificaron como «el mayor malversador de la historia» del país.
