Según los datos del Dirección General de Presupuesto (Digepres)entre 2016 y 2024, durante nueve años consecutivos, con excepción de la interpretación especial requerida para 2020, los ingresos públicos crecieron más rápido que el PIB nominal. Esto significó que, durante ese período, la administración tributaria captó una proporción cada vez mayor del crecimiento económico.
Sin embargo, en 2025 se produjo una ruptura extraordinariamente pronunciada. Los ingresos aumentaron sólo un 2,7%, en comparación con un crecimiento del PIB nominal cercano al 7,2%. En consecuencia, la relación entre ambas tasas de crecimiento cayó a aproximadamente 0,38. Digepres reporta ingresos por RD$1,246 mil millones, equivalente al 15,8% del PIB.
En 2026, lejos de observarse una clara normalización, las cifras de enero a septiembre sugieren una vez más que los ingresos públicos podrían crecer menos que el PIB nominal. En ese período, los ingresos aumentaron 7,4%, mientras que la economía creció 4,6% y la inflación alcanzó 5,16%. Estamos hablando de un crecimiento del PIB nominal cercano al 10%. Si esta tendencia persiste hasta diciembre, los ingresos volverán a crecer por debajo del PIB nominal.
Este comportamiento plantea una pregunta fundamental: ¿ha alcanzado el sistema tributario dominicano un techo de eficiencia? Para responder, conviene distinguir tres límites diferentes.
El primero es él techo administrativo. Desde hace años, la DGII y la Aduana han fortalecido la recaudación a través de la facturación electrónica, el intercambio de información, la inspección, la digitalización y otras mejoras en la gestión. Sin embargo, estos instrumentos pueden tener rendimientos decrecientes. No es posible aumentar la presión tributaria indefinidamente mediante una mejor administración de los mismos impuestos.
El segundo es el techo estructural. Probablemente aquí es donde reside el problema fundamental. Nuestro sistema combina tasas relativamente altas con bases estrechas, numerosas exenciones, tratamientos especiales, informalidad y evasión. El Ministerio de Finanzas y Economía estimó el gasto tributario para 2025, es decir los ingresos a los que renuncia el Estado, en RD$383,566 millones, equivalente al 4.73% del PIB. Para 2026, la reestimación alcanza los RD$441,445 millones, 5.06% del PIB. El Estado deja de recibir una suma cercana a un tercio de lo recaudado; Esta exención, concentrada en el ITBIS y en las exenciones de ingresos que favorecen especialmente a los deciles superiores, aumenta más rápido que la recaudación efectiva.
Esta es una cantidad enorme. Por supuesto, esto no significa que estos RD$441,445 millones eliminando exenciones: algunas responden a objetivos sociales y económicos legítimos, y otras no se transformarían plenamente en ingresos efectivos. Pero la magnitud revela hasta qué punto está fragmentada la base impositiva potencial.
El tercero es el techo económico. La alta informalidad restringe la capacidad de recaudación. Mientras una parte importante de la actividad económica permanezca fuera de los circuitos formales, aumentar las tasas a quienes ya cumplen puede generar ingresos adicionales cada vez menores, así como mayores distorsiones.
Cabe subrayar que dos años no son suficientes para demostrar definitivamente un cambio estructural. Sin embargo, pueden constituir una advertencia suficientemente seria de que la capacidad de obtener recursos adicionales bajo la estructura actual y mediante simples mejoras administrativas podría estar acercándose a sus límites.
Lo anterior remite a un diagnóstico ampliamente conocido: el sistema tributario dominicano se apoya en bases estrechas, erosionadas por las exenciones; registra altos niveles de evasión y evitación; coexiste con una informalidad persistente y enfrenta retornos decrecientes de las mejoras administrativas.
La señal enviada por el desempeño fiscal Es preocupante: al Gobierno le resultará cada vez más difícil financiar sus gastos basándose en un crecimiento de los ingresos que ya no acompaña al PIB nominal, mientras que aún no ha definido una alternativa clara. Un régimen fiscal sostenido por la inercia puede durar años. El problema es que, cuando llega el ajuste, no siempre ocurre cuando las autoridades lo deciden, sino cuando los mercados lo imponen.
La respuesta no debe reducirse al lema de que «Hay que aumentar los impuestos». Si la estructura actual se acerca a su límite de desempeño, aumentar las tasas sobre la misma base podría ser precisamente una decisión equivocada.
Y, sobre todo, sería difícil justificar que el Estado exija mayores recursos a los contribuyentes sin revisar simultáneamente el gasto corriente, la nómina pública, los subsidios ineficientes, la calidad del gasto y la inversión pública. Esta situación requiere un debate público serio, transparente, responsable y respaldado por pruebas verificables.
Juan Temístocles Montás
