Santo Domingo. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia, pero esa decisión no detuvo al Congreso, que continuó con el proceso de impeachment en su contra y finalmente lo destituyó este viernes.
La decisión plantea una pregunta: ¿qué sentido tenía destituir a un presidente que ya había expresado su intención de dejar el cargo?
La respuesta está en las consecuencias jurídicas de cada procedimiento. La renuncia y la destitución mediante impeachment no producen los mismos efectos en la legislación paraguaya, especialmente en relación con los privilegios constitucionales que reciben los expresidentes.
Uno de estos beneficios es la senaduría vitalicia, condición que permite a los expresidentes elegidos democráticamente participar en las sesiones del Senado con derecho a voz, pero sin voto.
Sin embargo, el artículo 189 de la Constitución paraguaya establece una excepción: quedan excluidos de esta prerrogativa quienes hayan sido acusados y declarados culpables.
Por tanto, la diferencia entre abandonar voluntariamente la Presidencia y ser destituido mediante impeachment tiene consecuencias que van más allá del cese de funciones.
La renuncia debe ser aceptada por el Congreso
El artículo 202, numeral 16, de la Constitución del Paraguay establece entre las facultades del Congreso aceptar o rechazar la renuncia del Presidente de la República y del Vicepresidente.
Esto significa que la presentación de una renuncia no produce automáticamente la salida del presidente. Para que surta efecto debe ser aceptado por el órgano legislativo.
En el caso de Santiago Peña, el Congreso no aceptó su renuncia y continuó con el procedimiento de impeachment que terminó con su destitución.
La diferencia es decisiva: de haber sido aceptada la renuncia, Peña habría preservado, en principio, el derecho constitucional a ser senador vitalicio, siempre que no existiera otra causa de exclusión.
Sin embargo, cuando fue declarado culpable en un juicio político, fue excluido de esa prerrogativa.
¿Qué establece la Constitución sobre el impeachment?
El artículo 225 de la Constitución paraguaya establece que el presidente, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y otras altas autoridades pueden ser acusados por mal desempeño de sus funciones o por la comisión de delitos en el ejercicio del cargo o delitos comunes.
El procedimiento establece que la Cámara de Diputados debe formular la acusación, mientras que al Senado le corresponde actuar como tribunal, realizar el juicio público y decidir si declara culpable al funcionario.
En caso de declaración de culpabilidad, la consecuencia constitucional es la destitución del cargo. Si existen indicios de delitos, los antecedentes pueden ser remitidos a la justicia ordinaria.
En el caso de Peña, el Senado lo declaró culpable de mal desempeño de sus funciones y aprobó su destitución por unanimidad de los 44 senadores presentes.
La diferencia con el caso de Richard Nixon
Un ejemplo que permite entender las consecuencias de una dimisión antes de concluir un proceso de impeachment es el del expresidente estadounidense Richard Nixon.
En 1974, Nixon dimitió como presidente de los Estados Unidos antes de que la Cámara de Representantes completara el proceso de destitución en su contra por el escándalo Watergate.
Su renuncia hizo innecesaria la continuación del proceso de impeachment.
En Paraguay, sin embargo, el escenario fue diferente debido a las disposiciones constitucionales sobre la senadora vitalicia y la exclusión de quienes hayan sido declarados culpables en un juicio político.
El despido y sus consecuencias judiciales
Es importante aclarar que un impeachment no equivale a un juicio penal. Se trata de dos procedimientos diferentes, con objetivos y consecuencias diferentes.
El despido de Peña no representa, en sí mismo, una condena penal. Las posibles responsabilidades por los delitos deben ser investigadas y determinadas por los tribunales ordinarios.
Sin embargo, su salida de la Presidencia a través del impeachment tuvo consecuencias en su situación jurídica, al quedar excluido del cargo de senador vitalicio y de las garantías vinculadas a esa condición.
Este viernes, tras su despido, las autoridades paraguayas le ordenaron permanecer bajo arresto domiciliario, mientras avanza una investigación relacionada con el colapso del Banco Ueno.
La inmunidad parlamentaria asociada a la condición de senador vitalicio habría representado un obstáculo para su detención mientras conservase esa prerrogativa, aunque no implicaría inmunidad absoluta frente a investigaciones o procesos judiciales.
Por eso, la decisión del Congreso de no aceptar la renuncia y continuar con el juicio político tuvo una consecuencia fundamental: Santiago Peña no sólo perdió la presidencia de Paraguay, sino también la posibilidad de convertirse en senador vitalicio y beneficiarse de las garantías vinculadas a ese estatus.
