Por: Emmanuel Aquino Alvarado
En República Dominicana crece el clamor de una clase trabajadora que ve cómo el fruto de sus esfuerzos pierde valor ante el creciente costo de la vida. El dominicano que trabaja, produce riqueza y sustenta buena parte del funcionamiento del Estado enfrenta una realidad cada vez más difícil; sus ingresos son insuficientes para satisfacer necesidades que, lejos de disminuir, se multiplican.
Cada día de pago confirma que el salario alcanza por menos. La no indexación de la escala del Impuesto a la Renta, el aumento de los precios de los combustibles, las altas tarifas eléctricas acompañadas de constantes apagones, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad ciudadana conforman un panorama que golpea especialmente a quienes dependen de su trabajo para vivir.
A esta realidad se suman la desprotección del campo dominicano, los compromisos pendientes con las organizaciones sindicales, el aumento y proliferación de los peajes, las denuncias de corrupción, los cuestionamientos sobre ejecuciones extrajudiciales que asesinan a los pobres y menoscaban las instituciones democráticas y el Estado de derecho, a lo que se suma el abandono de comunidades que reclaman indefinidamente derechos básicos y el terror de tener que ir a un supermercado ante el aumento de productos de consumo.
La contradicción se hace evidente cuando Se examina la política fiscal del gobierno. Baste recordar que, recientemente, la Dirección General de Impuestos Internos justificó el aumento del rótulo tomando como referencia una inflación acumulada del 58,1% entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026. Sin embargo, esa misma pérdida en el valor del dinero no ha producido una actualización general equivalente de los salarios públicos.
En medio de tal escenario, aparece una noticia que busca ocupar un lugar privilegiado en la conversación nacional, la supuesta planificación de un atentado contra la vida del presidente Luis Abinader.
El Ministerio Público informó sobre la detención de un ciudadano de 29 años en San Francisco de Macorís, vinculado por las autoridades con presuntas amenazas y la planificación de un atentado contra el presidente, supuestamente programado para el 6 de noviembre, Día de la Constitución.
Ninguna amenaza contra la vida de un presidente puede considerarse un asunto menor. Sin embargo, una imputación tampoco debe convertirse en una verdad incuestionable cuando persisten dudas sobre la capacidad operativa, los medios disponibles y la existencia de una estructura organizada para ejecutar tal empresa.
¿Qué elementos materiales sustentan la supuesta conspiración? ¿Había alguna organización capaz de violar la seguridad presidencial? ¿Se trataba de amenazas individuales o de un plan operativo suficientemente desarrollado?
Las respuestas deben provenir de evidencia verificable, no del espectáculo de los titulares.
La historia dominicana ofrece un trasfondo que merece reflexión. Ni siquiera durante los cuestionados gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer, particularmente en los Doce Años (1966-1978), cuando el país vivió uno de los enfrentamientos más intensos entre el poder y la izquierda revolucionaria, se produjo un asesinato contra el presidente, a pesar de las conspiraciones, la lucha armada y la violencia política de ese período.
Estos antecedentes invitan a preguntarnos: ¿qué circunstancias extraordinarias justificarían, en el actual escenario político, denunciar un plan de tal magnitud? La pregunta no pretende descartar una investigación judicial, sino más bien exigir pruebas convincentes. Si en periodos de enfrentamiento mucho más violento las conspiraciones no buscaban el asesinato de Balaguer, es razonable exigir explicaciones rigurosas sobre los medios y la capacidad operativa del supuesto plan contra el actual presidente.
Es inevitable recordar aquella vieja fórmula de pan y circo, utilizada para describir mecanismos de distracción de las necesidades populares. En el escenario dominicano la comparación adquiere un tono inquietante; las respuestas económicas son escasas, mientras que abundan los acontecimientos capaces de monopolizar la atención pública.
No hay pruebas públicas suficientes para afirmar que el Gobierno fabricó la denuncia. Pero es legítimo cuestionar el tratamiento de un caso cuya gravedad contrasta con la información probatoria conocida y preguntarse a quién beneficia políticamente que tales noticias desplacen la discusión sobre salarios, impuestos, corrupción y deterioro del poder adquisitivo.
La historia enseña que el miedo puede convertirse en un instrumento de cohesión en torno al poder. Cuando los ciudadanos exigen respuestas, las amenazas a la estabilidad institucional pueden adquirir una dimensión comunicativa capaz de modificar las prioridades nacionales.
El problema no es sólo determinar si existió una conspiración, sino evitar que la investigación de un posible delito relegue las preocupaciones de millones de dominicanos.
Mientras se discute el presunto magnicidio, el trabajador sigue pagando una costosa electricidad que no siempre recibe; el agricultor enfrenta dificultades para producir; El empleado público pierde poder adquisitivo y las comunidades siguen esperando soluciones.
Importa la seguridad del presidente, pero también la seguridad económica y social de quienes apoyan a la República. El Gobierno debe garantizar la integridad del presidente y permitir que la justicia investigue sin injerencias, sin abandonar su obligación de responder a las demandas nacionales.
Si la conspiración existió, es necesario probarla y aplicar la ley. Si las acusaciones son infundadas, es necesario aclararlo. Lo que sería inaceptable sería que la espectacularidad del caso terminara apoderándose de los problemas reales del trabajador dominicano.
La fuerza de un gobierno no se mide por su capacidad para generar titulares, sino por su voluntad de resolver las necesidades de la población.
Porque ninguna jugada política, por espectacular que sea, puede ocultar indefinidamente una realidad: el pueblo dominicano no necesita más circo; Necesitan salarios dignos, servicios eficientes, justicia y respuestas concretas a sus problemas.
