Santo Domingo.- El Sala Séptima de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiagoactuando como Tribunal de Reestructuración y Liquidación, ordenó la apertura del liquidación judicial de Falconbridge Dominicana, SA (Falcondo).
La información fue ofrecida por Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER)el cual precisó que mediante sentencia núm. 975-2026-SSEN-00005, del 4 de noviembre de 2026, el tribunal determinó que no existen condiciones para continuar con la reestructuración de la empresa, por lo que ordenó su liquidación judicial, de conformidad con la Ley núm. 141-15.
Explicó que esta decisión significa que Falcondo ingresa a un proceso supervisado por la justicia, durante el cual se identificarán sus bienes y deudas, y se determinará cómo se atenderán las reclamaciones de sus acreedores, conforme a derecho.
Agregó que para estos efectos el tribunal designó al Alis Medina como liquidador judicialquien asumirá la administración de la sociedad, en sustitución de sus actuales administradores y gerentes, bajo la supervisión del tribunal.
Las personas y empresas a quienes Falcondo debe dinero deberán declarar formalmente sus créditos dentro del proceso judicial, siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley núm. 141-15. Para ello contarán con un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la primera publicación del extracto de la sentencia en el sitio web del Poder Judicial.
Enfatizó que es importante que los acreedores estén atentos a esta publicación para presentar oportunamente sus reclamaciones y hacer valer sus derechos. La declaración de una deuda no implica su pago automático, ya que cada reclamación debe ser examinada y atendida de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
El FONPER, en el ejercicio de las facultades que le confieren para representar al Estado dominicano en Falcondo, continuará supervisando el proceso judicial y ejerciendo las acciones correspondientes para proteger los derechos e intereses patrimoniales del Estado, con pleno respeto a las decisiones judiciales y la legislación vigente.
