El director general de Fiscalía del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió categóricamente a los profesionales de la salud sobre los riesgos legales de prestar sus claves de prescripción, al ofrecer balance sobre un reciente dDecisión judicial vinculada a los millonarios desfalcos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Durante sus declaraciones, Camacho desglosó tres aspectos fundamentales sobre el desarrollo de las investigaciones y el dictamen de las medidas coercitivas:
1. El peligro de «tomar prestados» códigos profesionales
El magistrado hizo un exhorto directo a la clase médica a evitar una práctica que calificó como un boleto directo a la justicia penal. Señaló que en esta fase fueron procesados 22 médicos precisamente por entregar sus credenciales.
«Si los 22 médicos procesados por este caso no hubieran proporcionado su código, este caso no hubiera existido», enfatizó Camacho, sugiriendo la implementación inmediata de campañas preventivas que alerten al gremio médico sobre este tipo de complicidades.
2. Fuerza de la investigación y privación de libertad
Respecto a la decisión del tribunal, Camacho consideró «razonable» que la gran mayoría de los imputados -a excepción de dos- terminaran con medidas coercitivas que implican privación de libertad. Para el órgano fiscal, esto valida la solidez del expediente presentado, sustentado en cientos de pruebas que han llevado a varios implicados a admitir los hechos ante el tribunal.
3. Ampliación de las investigaciones: “Vamos por más”
Finalmente, el director de Persecución despejó las dudas sobre el alcance de las investigaciones al enfatizar que el proceso judicial sobre las anomalías detectadas en el SeNaSa permanece abierto. El Ministerio Público indicó que seguirá ahondando en las ramificaciones de la red de corrupción, advirtiendo firmemente que perseguirán a nuevos involucrados.
