Al resaltar la solidez y contundencia de la investigación que condujo al procesamiento judicial de la red de corrupción administrativa que sustraía fondos públicos aprovechándose de la Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)el fiscal adjunto Wilson Camachojefe de la Dirección General de Persecución, dijo que espera que las medidas coercitivas solicitadas por el Ministerio Público.
«Hemos presentado la medida coercitiva que ha traído el Ministerio Público; una vez terminada la presentación de la medida, no solo está respaldada por algunos 706 medios de prueba que ha aportado el Ministerio Público, pero, además, esas pruebas han llevado a que al menos 13 de los imputados admitan los hechos ante el tribunal», afirmó.
“Esta es una prueba irrefutable de la fuerza y contundencia de la investigación que ha llevado a cabo el Ministerio Público y que esperamos que, en consecuencia, el juez, al considerar lo que se le ha presentado por nuestra parte, dicte las medidas coercitivas en los mismos términos que el Ministerio Público ha solicitado”, destacó Camacho, al responder preguntas de la prensa a la salida de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional donde se conoció el pedido de coerción y se fijó el fallo para el próximo domingo.
Camacho encabezó el equipo de litigio que representó al Ministerio Público en el proceso junto a la procuradora judicial Mirna Ortiz, titular del Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); el fiscal Héctor García y los fiscales de instancia Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
“Algunos de los involucrados han colaborado con la investigación del Ministerio Público y nosotros, siendo consecuentes, como lo hemos hecho en todos los casos, en la medida que las personas demuestran: primero arrepentimiento, admiten los hechos, incluso pidiendo excusa ante el tribunal, y aunque esto no es suficiente y el proceso continúa, el Ministerio Público sí solicitó al tribunal imponer arresto domiciliario a estas personas, tomando en cuenta su colaboración”, declaró.
“Admitieron los hechos ante el tribunal, y, repito, eso es una muestra de la contundencia y fortaleza de la investigación del Ministerio Público”, reiteró el director general de Persecución.
El juez Rigoberto Sena reservó el fallo para el próximo domingo, 27 de septiembrea las 7:00 de la noche.
El Ministerio Público mantiene el pedido de prisión preventiva por 18 meses y la declaratoria de caso complejo contra Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arthur y Rodríguez Nova.
Asimismo, contra la médica gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los doctores Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Asimismo, contra los doctores Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
Durante la audiencia, Camacho solicitó la variación de la prisión preventiva, inicialmente solicitada, por arresto domiciliario respecto de los imputados Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo, quienes cumplirán con la medida en los domicilios que ellos mismos han proporcionado al tribunal. “Estos imputados admitieron los hechos alegados y están colaborando con la investigación del órgano fiscal”, explicó.
“Lo que puedo asegurar es que en este caso el Ministerio Público ha aportado al tribunal pruebas suficientes para que se imponga la medida coercitiva indicada por el Ministerio Público”, dijo durante la réplica.
«Las defensas confunden documentos con presupuestos, el hecho de presentar una serie de documentos, como certificados académicos, que no es un presupuesto, y además no sirve para desvirtuar el peligro de fuga vinculado al daño a compensar y a la pena imposible», añadió.
Mientras mirna ortiz Reiteró que el bien jurídico tutelado en este caso es el derecho a la salud. «Como advertimos en nuestra primera intervención, han querido dar un giro en sus declaraciones, reteniendo proponer a este juez que este caso se circunscribe a cantidades económicas y que, por tanto, si recibí poco, eso no constituye delito, nada más lejos de la realidad», dijo.
“Esto no se trata de las cantidades recibidas, porque el bien jurídico en este proceso no radica en cuánto recibió o no recibió la persona, el bien jurídico aquí protegido es un derecho fundamental, que es el derecho a la salud”, explicó.
«Además, recordemos que estamos en el escenario de una medida coercitiva. ¿Quiere esto decir que son las únicas que reciben esos ciudadanos? ¿Los que están en la medida? No. Tenemos toda una fase de investigación abierta», indicó.
«¿Qué ha aportado el Ministerio Público a este tribunal? Qué es necesario para agotar esa fase procesal, para crear el vínculo necesario entre los hechos y el imputado, de tal manera que este juez esté convencido de la necesidad de imponer una medida y el tipo de medida que solicita el Ministerio Público», resaltó el titular de la Pepca.
«Muchas de estas cantidades ni siquiera pueden ser rastreadas a través de transacciones bancarias. ¿Y sabe usted por qué? Distinguido juez, porque muchas de ellas, como han declarado algunos imputados a este tribunal, fueron cantidades entregadas en efectivo, lo que se demuestra con otro tipo de pruebas», dijo.
Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme a lo establecido en la norma procesal vigente, por la existencia de pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
El proceso judicial contra quienes afectaron al SeNaSa
En una primera etapa, el Ministerio Público detuvo a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y líder de la red de corrupción, el año pasado con la Operación Cobra. También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con el procesamiento de los imputados, el Ministerio Público busca sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, defraudación al Estado dominicano, malversación de fondos, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de dinero.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha logrado reunir evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin base legal, utilizados para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas.
El organismo acusador indicó que se trata de un esquema sistemático de corrupción instalado por el director ejecutivo de la SeNaSaen coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación delictuosa, de prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también lanzó en junio pasado la Operación Onco14, que derivó en la detención de tres personas por ser parte de la estructura que abusó de la Junta Cibaeña Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Regional de Oncología del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
En el caso fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acología, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupaba la Vicepresidencia. y, al mismo tiempo, se desempeñó como auditora interna y externa del directorio que administra el Instituto Regional del Cáncer del Cibao cuando el imputado era presidente de la mencionada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario.
