Será este viernes, a las 2:00 de la tarde, cuando el juez Rigoberto Sena, del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, continúe conociendo el pedido de medida de coerción contra las 26 personas detenidas en el Operación Cobra 2.0-Avinculado por el Ministerio Público a una presunta red de corrupción administrativa que habría robado fondos públicos a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Durante la jornada de este jueves, el magistrado escuchó los argumentos de los abogados de los imputados, quienes expusieron sus medios de defensa y los presupuestos que, a su juicio, justifican que sus clientes no sean enviados a prisión preventiva.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que el caso sea declarado complejo, por su presunta participación en un esquema mediante el cual al SeNaSa se le habría facturado y cobrado autorizaciones correspondientes a procedimientos y consultas médicas que, según el expediente, no habrían sido realizadas.
el acusado
En el caso están imputados Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
Asimismo, a la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y a los doctores Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Asimismo, por los doctores Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme a lo establecido en la norma procesal vigente, por la existencia de pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
«El bien jurídico aquí protegido no es monetario. El bien jurídico aquí está vinculado al derecho fundamental a la salud. Derecho fundamental a la salud que fue vulnerado en perjuicio de los ciudadanos que eran beneficiarios del Seguro Nacional de Salud. A todos estos pacientes se les generaron cargos ficticios que redujeron la cantidad de servicios a los que tenían derecho», dijo Ortiz ante el tribunal durante la presentación de la medida coercitiva.
«Cuando analizamos el punto nodal de esta situación. No se trata de dinero, no se trata de 40 millones, se trata de la lesión a un derecho fundamental, al derecho fundamental a la salud», añadió.
Detalló que se presentaron 234 pruebas documentales, 91 pruebas materiales, 82 escritos procesales y 76 peritajes, para un total de 483 pruebas, que el Ministerio Público pone a disposición del tribunal y de las partes como fundamento de las medidas solicitadas.
“El Ministerio Público concluye lo siguiente: Por las razones de hecho y de derecho expuestas, solicitamos la imposición de prisión preventiva por 18 meses por considerar el Ministerio Público que es la medida que, de acuerdo con la gravedad de los hechos y la naturaleza de las acusaciones, garantizaría la continuidad del proceso de investigación, así como la seguridad de las víctimas y los potenciales elementos de prueba a recabar por el Ministerio Público en el desarrollo de su investigación”, afirmó.
“Que esta medida coercitiva se imponga por un plazo de 18 meses de conformidad con el artículo 230, inciso 7, combinado con el artículo 377, inciso 2, ya que este tribunal declara la complejidad de este proceso”, indicó.
El proceso penal contra otros involucrados
En primera etapa, el Ministerio Público detuvo el año pasado con la Operación Cobra Santiago Marcelo F. Hazim Albainyexdirector del SeNaSa y líder de la red de corrupción. También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con el procesamiento de los imputados, el Ministerio Público busca sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, defraudación al Estado dominicano, malversación de fondos, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de dinero.
