Alejandra Corao/Latinoamérica21
En Portobelo, un pueblo de la costa caribeña de Panamá, los adultos suelen advertir a los adolescentes: “¡Cuidado, sal con tu Sunday Seven!” Esta expresión popular, común en varios países centroamericanos, se utiliza para referirse a un embarazo inesperado. Sin embargo, la advertencia casi nunca va acompañada de una explicación. “Aún lo consideran tabú”, dice Jiseel Muñoz Chavarría, un joven líder de esa comunidad en la provincia de Colón. “Nunca les explican cómo evitar embarazos no deseados”.
Lo que está sucediendo en Portobelo refleja una contradicción presente en toda América Latina y el Caribe. A muchas adolescentes se les pide que eviten el embarazo, pero la mayoría de las veces ni ellas ni los adolescentes reciben la información, los anticonceptivos y los servicios de salud sexual y reproductiva que necesitan para lograrlo. Cabe señalar que dos de cada tres embarazos adolescentes son no intencionales y, en muchos casos, derivan en matrimonios infantiles o uniones forzadas. Sin embargo, la región ha registrado avances importantes en los últimos años, aunque han sido desiguales e insuficientes.
El riesgo no se distribuye equitativamente
En las últimas décadas, América Latina y el Caribe ha logrado reducir la fecundidad adolescente. Entre las niñas de 15 a 19 años, la tasa pasó de alrededor de 73 nacimientos por mil en 2010 a 50 en 2025. Esto representa una disminución cercana al 30%; Sin embargo, los países no avanzan al mismo ritmo y los promedios nacionales pueden ocultar desigualdades aún mayores dentro de un mismo país.
Las niñas que nacen en hogares de bajos ingresos, zonas rurales o provienen de comunidades indígenas o afrodescendientes suelen enfrentar mayores riesgos de quedar embarazadas antes de los 19 años. Las situaciones de vulnerabilidad que viven condicionan sus posibilidades de acceder a anticonceptivos, educación sexual integral y servicios de salud de calidad.
Esto se observa especialmente claramente en las zonas rurales y costeras de Centroamérica y el Caribe. Allí viven comunidades afrodescendientes, criollas, garífunas, miskitas e indígenas que han sufrido largos procesos de exclusión. Los adolescentes de estas poblaciones encuentran mayores obstáculos para recibir educación sexual integral y acceder a servicios de salud confidenciales y de calidad adaptados a sus necesidades. Un ejemplo básico es poder llegar al centro de salud que, en muchos casos, está lejos de sus comunidades.
También influyen la falta de personal y suministros, los prejuicios, el racismo y la existencia de servicios que no siempre tienen en cuenta las lenguas o prácticas culturales de las comunidades.
comunidades. A estas barreras se suma el tabú que todavía rodea a la sexualidad en muchas familias y escuelas.
Los promedios pueden dejar a muchos fuera
La reducción de la tasa regional demuestra que las políticas públicas han dado resultados. A este avance han contribuido la ampliación de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y la incorporación paulatina de la educación sexual integral.
Para ir más allá de los promedios nacionales y abordar las necesidades de las poblaciones vulnerables, la respuesta también debe tener en cuenta sus circunstancias. Unos servicios sanitarios gratuitos, confidenciales, cercanos y libres de racismo y discriminación marcarían la diferencia. Este es también el caso de la educación sexual integral dentro y fuera de la escuela, con contenidos adecuados a cada edad y con un enfoque territorial e intercultural. Por otro lado, es necesario contar con mecanismos eficaces de denuncia y acceso a la justicia frente a la violencia sexual.
A su vez, los matrimonios y uniones infantiles, precoces y forzados requieren una respuesta específica. El 35% de los embarazos adolescentes se producen en el contexto de una unión de este tipo, mientras que el 45,4% de las adolescentes que viven en estas uniones quedan embarazadas.
Prevenir el embarazo en adolescentes no se limita, por tanto, a proporcionarles anticonceptivos. También requiere que las familias, las escuelas, los servicios de salud y las comunidades creen las condiciones necesarias para prevenirlo.
Cuando nuestras niñas y adolescentes puedan decidir sobre su cuerpo y planificar su vida reproductiva de manera libre e informada, cuando la prevención de todas las formas de violencia de género, incluida la violencia sexual, sea una realidad, y cuando puedan tener las oportunidades y herramientas para desarrollar su proyecto de vida, estarán en mejores condiciones para decidir elegir el camino que quieren tomar en la vida. Es tu derecho hacerlo.
