El Ministerio Público presentó este miércoles ante la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra las 26 personas detenidas en la Operación Cobra 2.0-A, quienes están vinculados a la red de corrupción administrativa que sustraía fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La procuradora judicial Mirna Ortiz, titular de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó la solidez de la investigación del Ministerio Público y valoró las pruebas que sustentan el pedido de imposición de la medida coercitiva.
“Esta noche el Ministerio Público ha presentado su solicitud de medida de coerción contra los imputados en este operativo. 10 de los imputados han admitido los hechos, han respondido a los hechos que les ha imputado el Ministerio Público, lo que demuestra la fuerza de nuestras acusaciones”, dijo a los periodistas que se acercaron a ella a su salida del tribunal luego de la postergación de la audiencia para este jueves 24 de septiembre.
“La única realidad que sucederá en este proceso, al final, es que el juez impondrá las medidas coercitivas que el Ministerio Público ha solicitado a cada uno de los imputados”, dijo Ortiz, quien encabeza el equipo de litigio que representa al Ministerio Público en la audiencia junto al fiscal general adjunto Wilson Camacho, director general de Fiscalía.
El Subprocurador General Wilson Camacho presentó las pruebas y argumentos que se deben tener en cuenta para imponer prisión preventiva contra las 26 personas arrestadas.
El equipo del Ministerio Público también lo integran el abogado judicial Héctor García y los fiscales de instancia Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
Pasadas las 3:00 de la tarde de este miércoles, el juez Rigoberto Sena ordenó al Ministerio Público presentar su solicitud de imposición de medida coercitiva contra la red de corrupción administrativa ante la operación Cobra 2.0-A. A las 22:00 horas, el juez Sena pospuso la audiencia para este jueves 24 de septiembre de 2026 a las 14:00 horas.
En Senasa 2.0-A hay decenas de médicos imputados.
El Ministerio Público, luego de presentar sus conclusiones en la audiencia, solicitó que el caso sea declarado procedimiento complejo y que se impongan 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
Asimismo, contra la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los doctores Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Asimismo, por los doctores Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme a lo establecido en la norma procesal vigente, por la existencia de pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
«El bien jurídico aquí protegido no es monetario. El bien jurídico aquí está vinculado al derecho fundamental a la salud. Derecho fundamental a la salud que fue vulnerado en perjuicio de los ciudadanos que eran beneficiarios del Seguro Nacional de Salud. A todos estos pacientes se les generaron cargos ficticios que redujeron la cantidad de servicios a los que tenían derecho», dijo Ortiz ante el tribunal durante la presentación de la medida coercitiva.
«Cuando analizamos el punto nodal de esta situación. No se trata de dinero, no se trata de 40 millones, se trata de la lesión a un derecho fundamental, al derecho fundamental a la salud», añadió.
Detalló que se presentaron 234 pruebas documentales, 91 pruebas materiales, 82 escritos procesales y 76 peritajes, para un total de 483 pruebas, que el Ministerio Público pone a disposición del tribunal y de las partes como fundamento de las medidas solicitadas.
“El Ministerio Público concluye lo siguiente: Por las razones de hecho y de derecho expuestas, solicitamos la imposición de prisión preventiva por 18 meses por considerar el Ministerio Público que es la medida que, de acuerdo con la gravedad de los hechos y la naturaleza de las acusaciones, garantizaría la continuidad del proceso de investigación, así como la seguridad de las víctimas y los potenciales elementos de prueba a recabar por el Ministerio Público en el desarrollo de su investigación”, afirmó.
“Que esta medida coercitiva se imponga por un plazo de 18 meses de conformidad con el artículo 230, inciso 7, combinado con el artículo 377, inciso 2, ya que este tribunal declara la complejidad de este proceso”, indicó.
El proceso penal contra otros involucrados
En una primera etapa, el Ministerio Público detuvo a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y líder de la red de corrupción, el año pasado con la Operación Cobra. También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con el procesamiento de los imputados, el Ministerio Público busca sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, defraudación al Estado dominicano, malversación de fondos, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de dinero.
Durante el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido reunir evidencia de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin base legal, utilizados para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas.
El organismo acusador indicó que se trata de un esquema sistemático de corrupción instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación delictuosa, de prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también lanzó en junio pasado la Operación Onco14, que derivó en la detención de tres personas por ser parte de la estructura que abusó de la Junta Cibaeña Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Regional de Oncología del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
En el caso fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acología, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupaba la Vicepresidencia. y, al mismo tiempo, se desempeñó como auditora interna y externa del directorio que administra el Instituto Regional del Cáncer del Cibao cuando el imputado era presidente de la mencionada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario.
