MONTE PLATA.— La situación relacionada con la tenencia de tierras en Monte Plata mantiene preocupados a predios, productores y vecinos de diferentes comunidades, debido a denuncias por ocupaciones de predios, conflictos entre propietarios y ocupantes, talas de árboles, incendios y procesos judiciales que se prolongan por años.
Las organizaciones de agricultores, incluidas el Bloque de Mujeres Campesinas, La Liga de Agricultores Cristianos y FEDELA han planteado a las autoridades la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y agilizar los procesos relacionados con conflictos por la propiedad de la tierra.
Los denunciantes aseguran que algunas de las tierras afectadas cuentan con títulos de propiedad y documentos que acreditan la posesión de sus dueños, pero que aún han sido ocupadas o utilizadas para establecer asentamientos.
La situación, según las organizaciones, genera incertidumbre entre quienes dependen de la producción agrícola y la propiedad de sus parcelas, además de aumentar la tensión en las comunidades donde los conflictos por la tierra se prolongan por largos períodos.
A estas denuncias se suman denuncias de presunto apoyo de sectores políticos a determinadas ocupaciones. Los agricultores sostienen que algunas personas están promoviendo o protegiendo ocupaciones como una forma de responder a demandas sociales, principalmente relacionadas con empleos y otras promesas.
Procesos prolongados
Una de las principales quejas de los paqueteros está relacionada con la lentitud de algunos procesos judiciales. Afirman que hay expedientes depositados ante el Ministerio Público durante años y casos en los que, según sus denuncias, se han girado órdenes de aprehensión pero no han sido ejecutadas.
Los representantes de las organizaciones cuestionan que, pese a la existencia de denuncias, documentos de propiedad y procesos judiciales, algunos conflictos siguen sin solución definitiva.
Consideran que el retraso en la respuesta institucional profundiza los enfrentamientos y puede generar una percepción de desprotección para quienes legalmente poseen sus tierras.
El nuevo Código Penal establece herramientas para enfrentar diferentes conductas relacionadas con la ocupación y vulneración de derechos, pero los agricultores consideran que la existencia de nuevas disposiciones legales debe ir acompañada de la investigación, prevención y aplicación efectiva de la ley.
Exigen una respuesta institucional
Ante este panorama, las organizaciones han decidido elevar sus reclamos y concertar reuniones con representantes del Ministerio Público y otras autoridades vinculadas al tema.
El objetivo, según proponen, es buscar mecanismos que permitan revisar expedientes pendientes, determinar responsabilidades en los casos denunciados y establecer procedimientos que eviten que los conflictos por tierras sigan escalando.
El reclamo también plantea un desafío social: garantizar el derecho a la propiedad sin ignorar las necesidades de las familias que buscan acceso a la tierra.
Los terratenientes sostienen que cualquier solución debe desarrollarse dentro del marco legal, a través de mecanismos de acceso a la tierra que sean ordenados y transparentes, y no a través de ocupaciones.
Para las organizaciones, Monte Plata necesita una respuesta institucional que combine seguridad jurídica, cumplimiento de la ley y atención a las demandas sociales, con el propósito de evitar que los conflictos por la tierra sigan afectando la convivencia y la producción en la provincia.
