SANTO DOMINGO.- Reformar la legislación penal, establecer protocolos confidenciales de denuncia en las escuelas y reforzar la comunicación entre padres e hijos son algunas de las recomendaciones de un estudio que estima que 262.000 niños, niñas y adolescentes dominicanos fueron víctimas de algún tipo de agresión digital en el último año.
El informe nacional Daño perturbador en República Dominicanarealizado por el Fondo de la Naciones Unidas para niños (Unicef), ECPAT Internacional e INTERPOL, plantea la necesidad de una respuesta conjunta de la autoridades, el sistema educativo y las familias en casos de acoso digital, extorsión sexual y distribución no consentida de contenidos íntimos que afecten a menores.
La investigación estima que aproximadamente El 23% de los internautas entre 12 y 17 años. sufrieron al menos una forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología durante un período de doce meses.
- 262.000 menores Habrían sufrido algún tipo de agresión digital.
- 33% de las víctimas No le contó a nadie lo que pasó.
Proponen nuevos delitos y mayores garantías
Entre las medidas encaminadas a Poder Legislativo y las autoridadesEl estudio recomienda clasificar expresamente el ciberbullying infantil con fines sexuales, conocido como aseoel SextorsiónAbusar de material generado por inteligencia artificial o deepfakes y acceso deliberado a contenido de abuso sexual infantil.
También propone que se realicen entrevistas forenses a las víctimas solo una vezpor personal especializado y mediante grabación audiovisual, como mecanismo para evitar la revictimización durante los procesos judiciales.
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El informe también plantea suprimir o ampliar los plazos de prescripción para este tipo de delitos, para que las víctimas puedan denunciarlos incluso durante la edad adulta, así como garantizar representación legal gratuita.
Otra recomendación es establecer obligaciones legales para los plataformas digitalesincluidos mecanismos de notificación y eliminación de contenido dañino, medidas de seguridad por diseño e informes de transparencia auditados.
Escuelas y familias, parte de la prevención
Para los centros educativos, la investigación recomienda incorporar contenidos obligatorios adaptados a cada edad en consentimiento, autonomía corporal, relaciones saludables y riesgos en entornos digitales.
Asimismo, plantea implementar protocolos de denuncia confidencial en las escuelas y reforzar la capacitación de los docentes para responder con empatía y sin prejuicios ante posibles denuncias de abuso.
En el ámbito familiar, el informe recomienda reforzar comunicación abierta sobre seguridad digital y evitar respuestas punitivas contra menores que denuncien situaciones de riesgo.
La investigación advierte que medidas como Quitar el celular o restringir el acceso a Internet. Pueden hacer que las víctimas prefieran guardar silencio por miedo a ser castigadas.
También propone reforzar la asistencia económica y la protección social a familias en condiciones de vulnerabilidad, ante el riesgo de que los agresores recurran a dinero o regalos a cambio de imágenes sexuales.
El estudio también refleja un alto nivel de subregistro. El 33% de los menores victimizados no contó a nadie lo sucedido. Entre los principales motivos están no saber adónde ir ni a quién contárselo, con un 22%; vergüenza, con un 17%, y miedo a meterse en problemas, con un 14%.
El uso de canales institucionales fue mínimo: menos del 0,4% acudió a la policíamientras que un 2% recurrió a una línea de asistencia telefónica y otro 2% denunció la situación a algún docente o educador.
Cuando las víctimas decidieron hablar de lo sucedido, recurrieron principalmente a sus amigos, con un 19%mientras que el 12% lo comunicó a sus madres o cuidadores.
