Santo Domingo.- Mientras el Gobierno presenta la tecnología como uno de los pilares de la transformación del policía nacional, un estudio técnico realizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (EN EL CUERPO) no registra ordenadores destinados específicamente a recibir quejas en nueve unidades territoriales del país.
El hallazgo pone bajo la lupa una pregunta específica sobre la reforma policial: ¿hasta dónde está llegando la modernización tecnológica en las unidades donde los ciudadanos entran en contacto con la policía? Policía?
Boletín Pulso N° 2 del CESEDE identifica 724 destacamentos policía y registra 172 ordenadores destinados a recibir denuncias.
La relación equivale a 23,7 equipos por 100 destacamentospero eso no significa que el 23,7% de las estaciones tengan un computadoraporque los equipos pueden estar concentrados en determinadas unidades.
La encuesta tampoco permite afirmar que en esas nueve provincias no exista ningún ordenador policial.
Lo que establece es que no existen equipos registrados específicamente para recibir denuncias.
Los territorios son Azua, Dajabón, Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Monte Plata, San Cristóbal (Villa Altagracia), Santiago, Santo Domingo Oeste y Sánchez Ramírez.
Una inversión que debe traducirse en capacidad
El contraste cobra mayor relevancia por los recursos que el Gobierno ha anunciado para transformar la institución.
El 4 de septiembre de 2023, el presidente Luis Abinader informó que se habían asignado RD$4,200 millones adicionales al presupuesto de la Policía para el proceso de reforma.
Ese mismo día anunció la construcción de 126 destacamentos y presentó herramientas tecnológicas como parte de la transformación policial.
Estos datos demuestran que hay inversión y que se han realizado intervenciones. El punto que plantea CESEDE es diferente: cómo se distribuyen estas capacidades en la red territorial de la Policía.
La denuncia también es información policial.
El ordenador situado en la zona de recepción no es sólo una herramienta administrativa.
El registro de una denuncia puede alimentar bases de datos, identificar patrones delictivos, establecer áreas de incidencia y brindar información para orientar investigaciones y políticas de prevención.
Por tanto, una distribución desigual de los equipos puede convertirse en una diferencia en la capacidad de registrar y procesar información entre territorios.
El Presupuesto General del Estado de 2026, además, fija recursos para servicios de seguridad ciudadana y orden público por RD$36,395.9 millones y contempla una meta de atención y resolución de 59,900 denuncias de ciudadanos denunciantes.
El contraste no demuestra que la falta de una computadora haya impedido recibir una denuncia en esos territorios.
Sí plantea una interrogante verificable sobre la capacidad tecnológica instalada para registrar homogéneamente esa información.
La tecnología era parte de la promesa.
La modernización tecnológica tampoco apareció recientemente en el discurso oficial.
El 24 de mayo de 2022, El Día publicó un reportaje que planteó la importancia del equipamiento tecnológico para la reforma policial y destacó las cámaras corporales como herramientas vinculadas a la transparencia, la supervisión y la protección de ciudadanos y agentes.
La existencia de plataformas digitales, sin embargo, no elimina la importancia del desapego físico.
El ciudadano que acude presencialmente sigue dependiendo de la capacidad instalada en esa estación para que su denuncia sea recibida y tramitada.
También hay un hueco en las cámaras.
El levantamiento del CESEDE encuentra otra diferencia territorial.
Registro 665 cámaras vigilancia en 16 unidades territoriales o regional, mientras que en otras 12 unidades no hay cámaras registradas.
Aquí también es necesario especificar el alcance de los datos: no nos permite concluir que estas unidades carezcan por completo de cámaras. Una estación puede concentrar varios dispositivos y otra ninguno.
Lo que la encuesta sí muestra es que la distribución registrada de la tecnología no es homogénea.
El desafío no es anunciar tecnología, sino distribuirla
La reforma policial dominicana ha incorporado inversiones, nuevas herramientas, intervenciones de destacamento y sistemas de medición.
El propio Gobierno ha presentado estos elementos como parte de un proceso de transformación institucional.
Pero los datos de CESEDE introducen una pregunta que no se responde con el importe global de la inversión ni con el número de equipos adquiridos.
Se responde mirando el territorio.
172 computadoras para 724 destacamentos y nueve unidades territoriales sin computadoras registradas específicamente para recibir denuncias.
La cifra no permite afirmar que la Policía no pueda recibir denuncias en esos lugares. Sí permite señalar un desfase en la disponibilidad tecnológica registrada y abre el debate sobre si la modernización está llegando con la misma capacidad a todos los puntos de atención ciudadana.
Porque la reforma policial no se pone a prueba sólo en sus centros de mando o en los anuncios de nuevas herramientas.
También se prueba cuando un ciudadano abre la puerta de un destacamento, presenta una denuncia y espera que esa información ingrese al sistema que debe ayudar al Estado a protegerlo.
