SANTO DOMINGO.– Desde hace casi dos décadas, República Dominicana mantiene una prohibición general de importación de armas de fuego y municiones destinadas al comercio con particulares. Sin embargo, basta con visitar una armería legalmente establecida para comprobar que pistolas, revólveres, escopetas y municiones siguen formando parte de la oferta comercial.
La aparente contradicción volvió a cobrar relevancia este martes, cuando autoridades del Ministerio Público realizaron allanamientos a establecimientos dedicados legalmente a la venta de armas en la Avenida Francia, a poca distancia del Palacio de la Policía Nacional.
El Decreto 309-06, emitido en julio de 2006, estableció la prohibición de importar armas de fuego. Posteriormente esa restricción se ha mantenido, aunque los sucesivos gobiernos han establecido excepciones para determinados sectores y circunstancias. La Dirección General de Aduanas aún incluye el Decreto 309-06 dentro de su marco legal vigente.
Más recientemente, el Gobierno volvió a establecer expresamente que se mantiene “la prohibición general de importación de armas de fuego, sus piezas y municiones para el comercio con particulares”, aunque permitió excepciones específicas.
Un mercado que nunca desapareció
Sin embargo, la prohibición de las importaciones nunca significó la desaparición de las armerías.
El Ministerio del Interior y Policía continúa otorgando licencias a empresas dedicadas a la comercialización de armas de fuego de uso civil, armas deportivas, municiones y materiales afines dentro del territorio dominicano. El propio procedimiento oficial establece que una persona interesada en obtener su primera licencia puede acudir a una armería, seleccionar el arma y posteriormente completar los requisitos establecidos por las autoridades.
Esto significa que en República Dominicana conviven dos realidades.
Por un lado, existe una política pública encaminada a restringir la entrada de nuevas armas al mercado civil. Por otro lado, sigue existiendo un circuito comercial legal autorizado para venderlos.
Parte de este mercado puede abastecerse de inventarios existentes, traslados y operaciones permitidas reglamentariamente, mientras que ciertas importaciones han sido autorizadas excepcionalmente por el Poder Ejecutivo.
En 2023, por ejemplo, Interior y Policía emitieron resoluciones autorizando la importación de armas para uso exclusivo de empresas privadas de seguridad y vigilancia.
En marzo de 2025, el Poder Ejecutivo abrió temporalmente la importación de municiones bajo ciertas condiciones y mantuvo expresamente la prohibición general de comercio con particulares.
La política restrictiva ha elevado el precio de las armas en República Dominicana, en perjuicio del comprador de armas de segunda mano o nuevas que han llegado con algún tipo de autorización. A esto se suman los impuestos, los costos regulatorios, la intermediación, los inventarios limitados y el valor que adquieren ciertas armas precisamente por la dificultad de reponerlas.
El resultado es un mercado en el que algunas armas pueden venderse a precios considerablemente superiores a los registrados en Estados Unidos, principal origen de muchas de las marcas utilizadas en República Dominicana.
El tráfico ilegal sigue siendo un problema
En mayo de este año, la Policía Nacional y el Ministerio Público anunciaron la denominada Operación Clave, mediante la cual dijeron haber desmantelado una organización transnacional dedicada al tráfico ilegal de armas. Durante 14 allanamientos se detuvo a 14 personas y se incautaron 20 armas de fuego.
Las autoridades también han reportado periódicamente incautaciones de armas ilegales, armas robadas y otras bajo investigación. En septiembre de 2025, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta informó que había retirado de circulación 460 armas, de las cuales 355 eran ilegales.
