PUERTO DE PLATA.- El abogado y politólogo Eddy Alcántara Planteó aquí la necesidad de introducir cambios en las normas procesales y leyes sectoriales, a fin de fortalecer la persecución y sanción del delito y el crimen organizado.
Durante su participación en la segunda edición del Congreso de Derecho Internacionalcelebrada en esta ciudad bajo el lema “Estado constitucional, democracia y garantías fundamentales”, Alcántara señaló que, si bien el país tiene una nueva Código Penal que sanciona conductas que no fueron previamente tipificadas, “también se debe prestar atención al proceso previo a la sanción definitiva de los tribunales”.
El jurista sostuvo que las disposiciones que regulan los procesos judiciales deben ser más rigurosas para evitar que personas acusadas de cometer delitos graves obtengan fácilmente la libertad provisional o definitiva.
Alcántara Señaló que para abordar estos aspectos sería necesario revisar las normas procesales, particularmente en relación con los derechos individuales y colectivos, para que los organismos de vigilancia, protección, persecución y sanción del delito tengan garantías para ejercer sus funciones contra el crimen organizado y otras formas de criminalidad.
Afirmó que los parámetros sancionadores están contemplados en el nuevo Código Penal, pero cuestionó las libertades que, a su juicio, se pueden derivar de los procedimientos establecidos en las normas procesales.
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En ese sentido, señaló que el esquema actual puede generar condiciones que fomenten la comisión del delito, al establecer garantías que «igualen a quienes no infringen la ley con quienes se ven afectados por acciones contrarias a las normas».
También afirmó que se debe revisar el papel de los responsables de la vigilancia, persecución y sanción del delito, para que la legislación los comprometa a actuar de acuerdo con las responsabilidades que corresponden a todo servidor público.
El destacado abogado, politólogo y comunicador destacó durante su exposición que el crimen organizado y la delincuencia del siglo XXI representan un desafío complejo, favorecido por la lentitud de las leyes, la corrupción institucional y el atraso tecnológico.
“Ante esta realidad”, prosiguió, “los Estados democráticos deben responder con firmeza, sin renunciar a sus principios fundamentales”.
Agregó, finalmente, que una legislación robusta no es aquella que pisotea los derechos de los ciudadanos, «sino aquella que utiliza inteligencia, tecnología, reforma policial y mano firme contra la corrupción para combatir el crimen organizado».
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