El principal obstáculo que se identificó en la polvorienta Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana consiste en la debilidad institucional, que se traduce en una marcada desconfianza hacia los actores fundamentales en la mayoría de las instituciones.
Esto se traduce en un grave problema que dificulta significativamente la estructuración de planes y políticas públicas que conduzcan a la construcción de una sociedad dominicana políticamente responsable, económicamente sostenible y moralmente incuestionable de cara al presente y al futuro de la nación.
La debilidad institucional ha llegado a tal punto que incluso jueces de tribunales limitan su accionar pensando en lo que dirán en la Embajada de Estados Unidos, por temor a que les revoquen las visas; alguien poderoso en la esfera del poder político o incluso de las redes sociales en este mundo digital. Sin duda, este es un panorama que genera vergüenza.
La reflexión se me ocurre luego de conocer la decisión, en votación dividida 3-2, del pleno de la Junta Central Electoral (JCE) en la que decidió revertir, provisionalmente, los efectos de la aplicación del artículo 13 del Reglamento aprobado por ese organismo que establece el procedimiento para el registro de firmas o empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral y que, en particular, prohíbe publicar encuestas y sondeos antes del domingo 4 de julio de 2027, que es cuando comienza. la precampaña electoral. Esta suspensión se mantendrá hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el tema; a pesar de que aún no se le ha concedido ningún recurso al respecto.
La organización sostiene que aún no existe una resolución legal definitiva al respecto. También alega que se trata de un “ejercicio prudencial de responsabilidad institucional, respeto al estado de derecho y ponderación de los bienes jurídicos involucrados, teniendo en cuenta la entidad e intensidad de los derechos de acceso a la información y libertad de expresión”.
Veamos un poco de contexto. La medida del pleno de la JCE surge luego de críticas de instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), de formadores de opinión nacionales, y luego de que la entidad Justicia Sin Fronteras interpusiera un recurso ante la Corte Constitucional en el que solicitó la suspensión inmediata de la aplicación de la referida disposición mientras conoce el fondo del proceso.
Ahora quedan las dudas de si esta vez respondió a presiones de esferas de poder, desconociendo su papel de órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica propia e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera. Esto nos obliga una vez más a pensar en la espada de Damocles, expresada en la debilidad institucional, que pende sobre el futuro dominicano.
Los integrantes del pleno de la JCE bien podrían haber esperado a que se pronunciara el Tribunal Constitucional, órgano facultado para decidir en este tipo de casos, y no seguir adelante y fijar una postura que arrojara sospechas sobre decisiones concretas en el futuro de cara a las elecciones de 2028.
En particular, no tengo dudas de que en República Dominicana existen empresas encuestadoras, no todas, que se prestan a la manipulación de datos con el objetivo de favorecer o perjudicar a determinados gobiernos, partidos políticos o candidatos. Y en ese punto habrá que hacer algo, sin afectar el acceso a la información y el derecho y expresión del pensamiento.
Los miembros de la JCE deben ser conscientes de que, si de presiones se trata, las que les lleguen no serán pocas.
