Carolina Elizalde Yulee/Latinoamérica21
Los desastres naturales suelen medirse por su magnitud, el número de víctimas o el coste económico que dejan a su paso. Sin embargo, también pueden analizarse como una prueba de la capacidad real del Estado. Una emergencia revela qué riesgos se anticiparon, qué instituciones existían antes de la crisis y qué tan preparado estaba un gobierno para responder y administrar los recursos extraordinarios de la reconstrucción de manera efectiva y transparente.
Esto lleva a una pregunta esencial: ¿en qué medida un desastre natural es realmente “natural”? Un gobierno no puede prevenir un terremoto, pero puede decidir dónde y cómo se construye, cuánto invierte en prevención o qué controles operarán cuando se comiencen a movilizar millones de dólares en ayuda. El Marco de Sendai, como se conoce al documento internacional adoptado por los países miembros de la ONU, Se basa en esa premisa asignando al Estado un papel central en la comprensión, la gobernanza y la reducción de riesgos.
Ecuador, México, Haití y Chile nos permiten observar esta relación desde diferentes realidades institucionales. Sus experiencias muestran que los desastres también ponen a prueba si las prioridades y decisiones de un gobierno están relacionadas con las vulnerabilidades del país que administra.
Ecuador: conocer el riesgo no significa estar preparado
El terremoto de magnitud 7,8 que azotó Ecuador En abril de 2016, dejó cientos de muertos, miles de heridos, decenas de miles de desplazados y graves daños a la infraestructura educativa y sanitaria. Las evaluaciones posteriores enfatizaron el fortalecimiento de los estándares de construcción, el refuerzo de los edificios vulnerables y la evaluación de la infraestructura crítica.
La reconstrucción abrió una segunda prueba institucional. Años después, organismos de control y la justicia ecuatoriana documentaron irregularidades y responsabilidades penales vinculadas al manejo de recursos destinados a la reconstrucción de Manabí. Este caso expone dos vulnerabilidades: la de los edificios frente al terremoto y la de las instituciones frente a los recursos destinados a reconstruirlos.
La prevención no termina en la ingeniería. Un Estado que conoce su exposición al riesgo debe proteger vidas e infraestructuras, pero también evitar que la urgencia debilite los controles sobre el gasto público.
México: aprender de un desastre sí funciona
Los terremotos de septiembre de 2017 afectaron a miles de viviendas, escuelas e instalaciones públicas. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que varias reformas adoptadas después del terremoto de 1985, como códigos de construcción, instituciones de protección civil, simulacros e información pública, habían aumentado la resiliencia del país. Muchos de los edificios que se derrumbaron en 2017 eran anteriores a los estándares de construcción posteriores a 1985.
México demuestra que la memoria institucional importa. Convertir una tragedia en normas, capacidades y prácticas permanentes puede reducir las consecuencias de la siguiente. La preparación física, sin embargo, no garantizaba una trazabilidad adecuada de los recursos. Auditorías posteriores identificaron deficiencias en la entrega de apoyo y en el registro de donaciones internacionales.
Haití: cuando el desastre se encuentra con la fragilidad anterior
El terremoto de magnitud 7,2 de agosto de 2021 volvió a golpear a un país que ya había sufrido una catástrofe devastadora en 2010. Miles de personas murieron o resultaron heridas y más de cien mil viviendas quedaron destruidas o dañadas. La evaluación posterior determinó que el plan de contingencia sísmica databa de 2013, que se habían pospuesto varios ejercicios de simulación y que no había suficientes suministros ni equipos de rescate previamente posicionados.
Haití plantea una pregunta incómoda: ¿cuándo una catástrofe deja de considerarse totalmente inesperada? Tener un plan no equivale a estar preparado si ese plan no se actualiza, financia, prueba y ejecuta. La vulnerabilidad también depende de la capacidad institucional existente antes del desastre.
Chile: incorporando el riesgo a las políticas públicas
Chile ofrece una experiencia diferente. Su exposición sísmica ha llevado al país a integrar el riesgo en sus normas de construcción, sistemas de alerta, educación ciudadana y protocolos de evacuación. El terremoto de Quellón de 2016, de magnitud 7,6, tuvo un impacto relativamente limitado en comparación con otros eventos de intensidad similar.
La magnitud del daño nunca puede atribuirse exclusivamente a la acción estatal: la ubicación, la profundidad y las características del evento también importan. Pero la experiencia chilena muestra que una alta exposición puede convertirse en una variable permanente en la planificación pública. El riesgo deja de ser una excepción y pasa a formar parte de la forma ordinaria de gobernar.
Cuando la prevención también es gobierno
La capacidad de un gobierno para hacer frente a un desastre se construye antes de que se produzca la emergencia. Pero la prevención también debe incluir la integridad. Las emergencias a menudo implican procedimientos apresurados, contrataciones extraordinarias y decisiones bajo presión. Por tanto, aumentan los riesgos de fraude, favoritismo, conflictos de intereses y desvío de fondos. Preparar significa definir de antemano cómo se registrarán las donaciones, qué controles se implementarán sobre la contratación y quién supervisará los recursos.
Los planes gubernamentales deben partir de un mapa de vulnerabilidad y acompañarlo de un mapa de riesgos de integridad. En territorios sísmicos, esto implica normas de construcción controladas, evaluación de infraestructuras críticas, protocolos de evacuación y capacidad de rescate, pero también controles capaces de sobrevivir a la emergencia. Pero el Informe de Evaluación Regional 2024 de la UNDRR advierte que, en los países latinoamericanos analizados, menos del 35% del gasto estudiado se destinó a medidas prospectivas y correctivas de reducción de riesgos.
