María Fernanda Valenzuela Castillo/Latinoamérica21
En los últimos años, la crisis de representación política ha puesto en evidencia las debilidades de los partidos en Perú. En este contexto, resulta preocupante que muchos de ellos hayan optado por la elección de candidatos a través de delegados. Si bien este mecanismo no es intrínsecamente antidemocrático, en la práctica nacional se ha visto distorsionado al ser utilizado principalmente por partidos personalistas, donde funciona como un filtro que concentra el poder en unas pocas manos y reduce la participación real de la militancia. ¿Puede considerarse democrático un sistema en el que unos pocos deciden por todos?
La respuesta corta es que, aunque legalmente es un proceso válido según la Ley de Organizaciones PolíticasEn términos de legitimidad social, la elección de delegados supone un retroceso. Mientras que en la modalidad cerrada -conocida como “un militante, un voto”- todos los miembros habilitados del padrón tienen derecho a elegir directamente a los candidatos, en la modalidad de delegados la decisión final recae en un grupo muy reducido que, en ocasiones, no representa ni el 0,1% del total de afiliados. Esta desproporción no es una coincidencia logística, sino una dinámica que facilita el control del proceso.
Como señala el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, este mecanismo funciona como un “embudo” que asfixia la renovación. Cuando el poder de toma de decisiones pasa de miles de ciudadanos a un pequeño círculo, la posibilidad de disensión desaparece. En la práctica peruana, esto ha servido para consolidar los llamados “partidos de alquiler”, donde no hay competencia de ideas, sino una puesta en escena para ratificar decisiones tomadas “a mano”.
Si revisamos la evidencia de las elecciones primarias celebradas de cara a las Elecciones Generales de 2026, la modalidad de delegados ya no aparece como una alternativa excepcional, sino como la regla. De las 39 organizaciones políticas participantes, 37 recurrieron a ella y sólo dos eligieron directamente a sus candidatos mediante el voto de sus afiliados. La normativa vigente tampoco establece una relación mínima entre el número de delegados y el número de afiliados, permitiendo que listas de miles de personas acaben representadas por pequeños grupos, sin que exista una proporción razonable entre el volumen de militancia y el número de quienes toman la decisión final.
El caso más significativo fue el de Acción Popular, un partido histórico y de masas, con más de 230 mil afiliados y presencia territorial en todo el país. Pese a esta magnitud, la decisión final sobre sus candidaturas quedó en manos de apenas 73 delegados. Aunque el partido había presentado seis listas presidenciales y exhibió uno de los niveles más altos de competencia interna en el proceso, sus primarias fueron declaradas nulas por irregularidades en la lista de delegados. Como la etapa correspondiente ya estaba descartada en el calendario electoral, no fue posible
convocar a nuevas elecciones, por lo que Acción Popular quedó fuera de las Elecciones Generales de 2026.
Si bien este partido no fue excluido por esta modalidad, sino por los defectos sustanciales encontrados en la formación de la relación de delegados, el caso demuestra la fragilidad de este mecanismo para un partido de masas. Al fracasar esa cadena de intermediación, las bases quedaron sin posibilidad de corregir el resultado mediante su voto directo. El “embudo” no sólo redujo su participación, sino que terminó anulándola por completo.
El riesgo aumenta en organizaciones cuya estructura gira en torno a un liderazgo personalista, donde los delegados pueden terminar ratificando designaciones previamente adoptadas. Un ejemplo llamativo es Fuerza y Libertad, donde tres personas representaron a más de 60 mil afiliados. Si bien esta figura no demuestra en sí misma una imposición, sí revela una estructura fácilmente controlable y con poca capacidad para cuestionar las decisiones.
No podemos dejar de mencionar a Fuerza Popular, la organización que ganó las Elecciones Generales y actualmente encabeza el Gobierno. Puede ser comprensible que la candidatura presidencial recayera en Keiko Fujimori, ya que ella es la principal líder del partido. Sin embargo, sus 104 delegados no sólo decidieron la fórmula presidencial, sino también las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados. Además, el 37,5% de ellos residía en Lima, mientras que el centro del país concentra sólo el 7,7%. El problema, entonces, va más allá de la candidatura presidencial, ya que un pequeño grupo concentrado en la capital definió candidaturas parlamentarias en todo el país.
Esta concentración de poder tiene consecuencias directas en la crisis de representación. El ciudadano percibe que los partidos son “clubes privados” con puertas blindadas. Al limitar la participación real de la militancia, las organizaciones pierden su función de ser canales entre el Estado y la sociedad. Además, el sistema de delegados se convierte en un caldo de cultivo para la falta de transparencia. Es más fácil para los grupos de presión, los intereses económicos o los líderes de los partidos influir en unas pocas personas que obtener el apoyo de miles de miembros.
La supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no debe limitarse al ejercicio formalista de verificación de actas y plazos. El caso Acción Popular demostró que la legitimidad del resultado depende de toda la cadena previa, desde la forma en que fueron elegidos los delegados hasta su proclamación y la consistencia de la información entregada a los órganos electorales. No basta con supervisar el momento final de la votación si la representación que llega a las urnas es cuestionada desde su origen.
El “club de delegados” debe abrir sus puertas. Mientras unos pocos sigan decidiendo por decenas o cientos de miles de afiliados, seguiremos teniendo candidatos sin arraigo, partidos sin alma y una ciudadanía que mira con desprecio procesos que, bajo el nombre de “democracia interna”, no son más que simulacros de participación. La verdadera reforma política comienza por devolver el voto a los militantes y quitarle el poder a los dirigentes. De esta manera podremos empezar a cerrar la brecha de desconfianza que hoy separa a los peruanos de quienes dicen representarnos.
