Steven E. Hendrix/Latinoamérica21
Hace veinticinco años, muchos analistas temían que Colombia estuviera al borde del colapso del Estado. La guerrilla controlaba amplias zonas del territorio, el narcotráfico financiaba la violencia y el Estado parecía incapaz de recuperar el control. Hoy la realidad es muy distinta. Pero a medida que Colombia se acerca a las elecciones presidenciales de 2026, yl debate sobre seguridad, control territorial y crimen organizado ha vuelto al centro de la política nacional.
Esa transformación no ocurrió por casualidad. Fue el resultado del esfuerzo de millones de colombianos, acompañado de una de las iniciativas de cooperación internacional más ambiciosas de las últimas décadas: el Plan Colombia. El balance histórico es claro. El Plan Colombia ayudó a salvar el país.
La violencia disminuyó significativamente desde los niveles extremos de principios de la década de 2000. El Estado recuperó el control territorial en muchas regiones. Y las FARC, que representaron durante décadas la mayor amenaza insurgente para el Estado colombiano, acabaron firmando un acuerdo de paz en 2016.
Pero el éxito de una estrategia no significa que esa misma estrategia pueda responder a los desafíos del presente. El debate se ha intensificado durante el gobierno de Gustavo Petro en torno a su política de “Paz Total”, que ha buscado negociar simultáneamente con múltiples actores armados y criminales. Sus defensores sostienen que Colombia necesita una estrategia menos militarizada, mientras que sus críticos argumentan que algunos grupos ilegales han aprovechado el proceso para ampliar el control territorial y fortalecer las economías ilícitas.
Las amenazas que enfrenta Colombia hoy son diferentes a las de finales del siglo XX. Estos ya no se definen principalmente por insurgencias ideológicas que buscan tomar el poder estatal. En cambio, el país enfrenta redes criminales transnacionales altamente adaptables que operan en múltiples economías ilícitas.
El tráfico de drogas sigue siendo un desafío importante, pero ya no es el único factor de violencia ni necesariamente el más rentable. La minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y otras actividades ilícitas generan enormes ganancias para las organizaciones criminales que operan a través de fronteras y a menudo penetran en las instituciones locales.
Estas redes criminales no sólo representan una amenaza para Colombia. Sus efectos se sienten en toda la región y tienen impactos directos en los mercados internacionales de drogas, minerales y otros bienes ilícitos. Por ese motivo, la cooperación internacional sigue siendo importante, aunque también debe evolucionar.
El Plan Colombia fue, en gran medida, una estrategia centrada en la seguridad. Esa prioridad respondía a la realidad del momento. Sin embargo, los desafíos actuales requieren un enfoque más amplio que combine la seguridad con la gobernanza territorial, el desarrollo económico sostenible y el fortalecimiento institucional.
En muchas regiones rurales de Colombia, la ausencia histórica del Estado sigue siendo el factor que permite la expansión de las economías ilícitas. Cuando las comunidades no tienen acceso a infraestructura, mercados legales o servicios públicos básicos, las alternativas ilegales tienden a llenar ese vacío.
Por tanto, cualquier estrategia futura debe centrarse no sólo en combatir las organizaciones criminales, sino también en consolidar la presencia efectiva del Estado en el territorio. Esto implica invertir en infraestructura, fortalecer los sistemas de justicia locales, mejorar el acceso a la educación y la salud y crear oportunidades económicas legítimas para las comunidades rurales.
El próximo presidente de Colombia heredará un contexto nacional mucho más complejo en torno al debate sobre seguridad, presencia del Estado y gobernanza territorial. En este contexto, las próximas elecciones probablemente marcarán un punto de inflexión en la forma en que el país enfrentará estas amenazas durante la próxima década.
Colombia ya no es el país que era cuando comenzó el Plan Colombia. Hoy es un socio mucho más fuerte, con mayor capacidad institucional y mayor influencia regional. Esta nueva realidad debería reflejarse en vínculos más fuertes entre los países. En lugar de seguir dependiendo del modelo centrado principalmente en la asistencia externa, el futuro de Colombia podría construirse en torno a una asociación estratégica con países que comparten intereses en seguridad regional, desarrollo económico y estabilidad democrática.
Las redes criminales transnacionales que operan en América Latina representan desafíos que ningún país puede enfrentar solo. La cooperación renovada podría centrarse en áreas como la lucha contra el crimen organizado transnacional, el fortalecimiento de las instituciones judiciales, el desarrollo rural sostenible y la protección de los recursos naturales de la explotación ilegal.
Colombia ha demostrado una notable capacidad de resiliencia. Como escribió Gabriel García Márquez: “Colombia es un país donde cada día suceden cosas extraordinarias”. Esa capacidad de reinventarse ha sido una constante en su historia moderna.
El éxito del Plan Colombia ha demostrado que estrategias audaces pueden cambiar el destino de un país. Pero también muestra que cada generación debe diseñar sus propias respuestas a los desafíos de su tiempo.
Colombia ya ha demostrado que puede evitar el colapso. El desafío ahora es demostrar que también se puede construir una seguridad sostenible para el siglo XXI.
