Hay momentos en los que el país habla por sí solo, y esta Semana Santa 2026 ha sido uno de ellos.
Si bien el gobierno insistió en un despliegue “histórico” de agentes, lo que se vivió en las calles fue otra cosa: Carreteras colapsadas sin respuesta oportuna, zonas turísticas desbordadas, patrullaje insuficiente en puntos críticos y ciudadanos enfrentando, una vez más, la sensación de desprotección y abuso. Este contraste no es casual, es fruto de un modelo agotado.
Nos quisieron vender la idea de que más agentes equivale a más seguridad, pero la realidad demostró en esta ocasión que el problema nunca ha sido sólo de cantidad. El problema es la ausencia de estrategia, control territorial y supervisión real.
Durante este operativo estuvieron 38 mil agentes en todo el territorio nacional, quienes debieron estar distribuidos en tres turnos y concentrados en las principales provincias y corredores de mayor flujo. Sin embargo, los resultados no reflejaron esa capacidad anunciada, las vías no tuvieron un control efectivo, los bloqueos no recibieron respuesta oportuna y la presencia en puntos críticos fue claramente insuficiente.
Cuando se dispone de esa magnitud de recursos humanos y económicos y no se puede garantizar el orden en las principales vías del país, el problema no es de personal, sino que hay un elemento que agrava aún más esta situación: no logran llegar a un acuerdo entre ellos.
El Ministerio del Interior y Policía reportó una cantidad de agentes, luego, el Presidente de la República comunicó otra cifra, atribuida al director de la Policía Nacional y posteriormente se dio a conocer un número diferente, aún mayor.
Cuando tres niveles del Estado presentan cifras distintas sobre un mismo operativo, lo que se hace evidente no es sólo un problema de comunicación, sino una debilidad estructural en la gestión de la seguridad.. La seguridad no se puede construir sobre números que cambian dependiendo de quién los anuncia y Cuando el número es incierto, también lo es la capacidad de respuesta real.
A esto se suma una falla crítica en la cadena de mando. La falta de claridad en la transmisión de instrucciones a los mandos subordinados que generó una ejecución desigual, desordenada y, en muchos casos, contradictoria. Y es que cuando las pautas no vienen con precisión, lo que sucede en el territorio no es ejecución, es interpretación.
Esto explica muchas de las situaciones observadas: cierres indebidos de empresas, actuaciones desproporcionadas, decisiones mal aplicadas y rectificaciones posteriores. La norma deja de serlo cuando depende de quién la interpreta.
En este contexto, también se evidenciaron acciones que reflejan abuso de autoridad y una gestión inadecuada de la respuesta operativa. El uso de la fuerza, en varios casos, no mantuvo la proporcionalidad requerida, generando tensiones innecesarias con la ciudadanía. La seguridad no se impone arbitrariamente; Se ejerce con discreción.
Aún más preocupante es que algunas de las medidas aplicadas fueron más allá del marco de los derechos constitucionales.. Restricciones sin claridad regulatoria, acciones y decisiones desiguales que afectan la propiedad privada, la libertad de reunión o de expresión cultural, todo ello pone en tensión los principios esenciales del Estado democrático y el Estado de derecho.
¿Qué pasó durante esta semana santa? Es una señal clara de que, por primera vez, debemos pensar que es necesario revisar el modelo.Si con un despliegue de 38 mil agentes el país cerró la Semana Santa de 2026 con el mismo número de muertos que en 2024, está claro que el problema no es de cantidad, sino de la forma en que se está llevando a cabo la seguridad.
