Notas electorales para una eventual transición en Venezuela
Jesús Delgado/Latinoamérica21
Ante la ventana de oportunidad que se abre para una eventual transición democrática en Venezuela y ante la demanda de elecciones generales para renovar todos los niveles de gobierno, es oportuno hacer un diagnóstico de las condiciones actuales del sistema electoral para identificar los cambios necesarios que garanticen elecciones libres, transparentes y democráticas.
El sistema electoral venezolano tiene sus bases en la constitucion de la República y las leyes electorales, que establecen la forma en que sus ciudadanos deben ejercer el derecho al sufragio activo y pasivo, los cargos a elegir y la periodicidad de los mismos, el calendario electoral, los requisitos de elegibilidad y las garantías que deben cumplir en la organización de elecciones y referendos, y los órganos de la administración electoral y la jurisdicción contenciosa electoral, entre los elementos más importantes.
Para la organización de elecciones y referendos, el Poder Electoral, cuyo órgano rector es el Consejo Nacional Electoral (CNE), Automatizó el sistema de votación en 2004, incluyendo no sólo la emisión del voto sino también los actos de escrutinio y totalización. Sin embargo, la arquitectura del sistema electoral venezolano presenta una profunda paradoja técnica e institucional: cuenta con una plataforma tecnológica que ha sido calificada como una de las más avanzadas del mundo por su trazabilidad y seguridad, pero que opera dentro de un entorno institucional de desconfianza sistémica y falta de independencia.
La mayor fortaleza del proceso venezolano es su sistema de votación automatizado, que integra máquinas con pantalla táctil y un registro de auditoría en papel: las actas impresas y el recibo de voto. Asimismo, incorpora el Sistema Integrado de Autenticación (SAI), que permite la identificación biométrica, con el propósito de evitar el sufragio múltiple, asegurando el principio de “una persona, un voto”.
Las garantías de este sistema automatizado permitieron a la oposición democrática articulada en torno a la candidatura de Edmundo González demuestran el fraude masivo registrado el 28 de julio de 2024. Aunque el CNE anunció resultados falsos, ignorando la victoria de González, la oposición resguardó un gran porcentaje de las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación, y las digitalizó, procesó y publicó en apenas unas horas, exponiendo el fraude.
Sin embargo, estas fortalezas no son suficientes en un contexto de cooptación del Poder Electoral. Como se demostró en los procesos de 2024 y 2025, el CNE tiene la capacidad de eludir las garantías técnicas al negarse a publicar resultados desagregados por mesa de votación, apoyándose en ciberataques no probados y cancelando auditorías vitales. La eliminación de mecanismos técnicos de seguridad, como el código QR en las actas impresas de las elecciones de 2025, demuestra que la tecnología, sin garantías políticas y supervisión independiente, no garantiza resultados creíbles.
Para avanzar en unas elecciones democráticas, se deben mitigar los riesgos críticos que han erosionado la integridad del voto durante la última década. Algunos de ellos son:
Sanciones administrativas para descalificar candidatos. El riesgo predominante es la inseguridad jurídica. La Contraloría General de la República (CGR) ha despojado a los ciudadanos de derechos políticos mediante procedimientos administrativos opacos, violando el mandato constitucional que exige una sentencia judicial firme para tales inhabilitaciones. A esto se suma la intervención judicial de los partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que limita arbitrariamente la oferta electoral.
Registro Electoral (RE) y exclusión de la diáspora. Si bien el Registro Electoral debería ser continuo, en los últimos años se ha dificultado el registro y actualización de los datos de los electores. Se estima un subregistro de entre dos y tres millones de jóvenes, aunque la exclusión más grave afecta a la diáspora: de los casi 8 millones de venezolanos en el exterior, sólo 69.000 están habilitados para votar por excesivos requisitos de residencia legal no contemplados en la Constitución.
Equidad en el concurso. La competición actual es incompatible con los estándares internacionales debido a la ventaja oficial. El uso sistemático de recursos del Estado, la hegemonía de los medios públicos y la aplicación de leyes restrictivas (como la “Ley contra el Odio” y la “Ley Simón Bolívar”) generan una asimetría determinante que silencia a la oposición.
Irregularidades durante la jornada electoral. La presencia del Plan República genera un ambiente militarizado que, en ocasiones, resulta en la restricción del acceso a testigos y observadores. Además, se han documentado prácticas de coerción social, abuso del voto asistido y compra de votos mediante beneficios económicos.
Cualquier convocatoria electoral que verdaderamente apunte a conducir a una transición democrática debe estar precedida por las siguientes reformas, categorizadas por su urgencia y profundidad:
Restauración de la independencia del CNE y del Poder Judicial. Es imperativa una renovación institucional del CNE con rectores designados según lo establecido en la Constitución, garantizando una participación plural y transparente sin intervención discrecional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La despolitización de los órganos internos y de las Oficinas Electorales Regionales (ORE) es fundamental para romper la cadena de mando centralizada que reduce la autonomía de las juntas electorales municipales y regionales, que son los órganos subordinados al CNE, encargados de organizar los procesos electorales en sus respectivas áreas geográficas.
Plenas garantías de transparencia y verificabilidad. La ley debería exigir la publicación inmediata de los resultados desglosados por mesa de votación en formatos abiertos. Es necesario restablecer todas las auditorías postelectorales y reincorporar el código QR en las actas de escrutinio para garantizar la completa trazabilidad del proceso.
Reforma integral del Registro Electoral y voto en el exterior. El Registro Electoral debe transformarse en un sistema de registro permanente accesible en todo el territorio. Se debe reconocer el voto en el extranjero como un derecho exigible, simplificando requisitos y ampliando los centros de votación bajo supervisión internacional.
Eliminación de inhabilitaciones y restablecimiento de libertades. Se debe derogar la facultad de la Contraloría de inhabilitar candidatos sin sentencia judicial firme y revisar las inhabilitaciones actuales para restablecer los derechos políticos. Asimismo, es crucial detener la persecución política y derogar las normas que alientan la autocensura, garantizando la libertad de expresión, reunión y movilización.
Observación internacional independiente. Una elección creíble requiere la invitación incondicional a misiones calificadas (OEA, UE, Centro Carter y ONU) y la derogación de figuras restrictivas como la “supervisión” o el “acompañamiento”, que permitan el acceso irrestricto a todas las fases del ciclo electoral.
El sistema de votación automatizado y la identificación biométrica sólo podrían mantenerse en condiciones de gobernanza democrática y control independiente. La biometría debe tener garantías legales explícitas de no vinculación entre identidad y voto. Asimismo, la infraestructura logística del CNE sólo es utilizable si se garantiza la neutralidad e imparcialidad política de su personal técnico.
Es demasiado pronto para saber si estamos al borde de una transición democrática, ya que, si bien ha habido señales de que se está avanzando en esa dirección, quienes están en el poder son los mismos que bajo la administración de Maduro. Así, no hay garantías de democratización, pero debemos aprovechar la oportunidad que se presenta para exigir apertura, la restitución de los derechos políticos y la mejora de las condiciones de competitividad electoral.
La integridad electoral es un concepto integral que requiere autoridades electorales independientes, profesionales y técnicas, un registro electoral inclusivo y un ambiente de libertad política. Sin estas reformas estructurales previas, cualquier proceso electoral carecería de la legitimidad necesaria para estabilizar el país.
