Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) presentó a la Oficina del Fiscal Especial para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Una denuncia penal con un actor civil contra la Compañía Dekolor, SRL, su presidente Rogelio Oranña y su gerente general Sandra Oruña.
La acción penal detalla una trama compleja de intentos de soborno, con sumas ofrecidas de hasta un millón de dólares estadounidenses y RD $ 3,000,000.00 por mes, amenazas personales, presión institucional y entrega de efectivo a funcionarios clave del inicio. El objetivo de estos actos era obtener la extensión de un contrato estatal caducado que se había otorgado a DeKolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de la conducción de licencias en todo el país.
El contrato, originalmente firmado en enero de 2020 por un período de cinco años, incluyó la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipo, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias. A pesar de haber sido modificado tres veces a través de la admisión no aprobada por el consejo intrantado, la Compañía buscó extender su validez sin pasar por un proceso competitivo, presionando ilegalmente la gestión institucional actual.
Los hechos imputados están calificados como soborno de acuerdo con la ley no. 448-06, Asociación de Malchechores, lavado de dinero según la ley no. 155-17, fraude contra el estado y el chantaje/extorsión electrónica, basada en el código penal y la ley no. 53-07 sobre crímenes y crímenes de alta tecnología.
La queja, respaldada por informes técnicos internos y el Contralor general, evidencia documental y testimonios, subraya la existencia de una estructura criminal articulada para manipular decisiones administrativas y fondos públicos incorrectamente apropiados. Además, se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación debe ser refinada por el organismo perseguidor.
Este tipo de acción es inusual en el país. En general, los delitos de corrupción administrativa son perseguidos por el Ministerio Público en nombre del Estado. La decisión de un funcionario de alto nivel para ejercer directamente la acción penal constituye un precedente excepcional apenas documentado en bases judiciales, registros oficiales o archivos de medios.
