SANTO DOMINGO. – La Secretaría de Seguridad Vial del partido Fuerza del Pueblo rechazó el reciente anuncio del gobierno sobre el aumento del 67% en las tarifas de peajes en vías y autopistas del país, medida que entrará en vigor a partir del 15 de enero de 2025.
En un comunicado, la organización calificó la medida de “impopular y dañina” y advirtió que provocará un impacto inflacionario en el transporte público y de mercancías, lo que, a su vez, encarecerá los productos de consumo familiar.
El partido señaló que esta decisión parece improvisada y motivada por un deseo de ingresos, justificado por la necesidad de mantenimiento de las carreteras para salvar vidas, a pesar de que el propio gobierno ha declarado que está haciendo grandes inversiones en infraestructura, sin, según la organización opositora, refleja una mejora en la calidad de las carreteras.
En el comunicado denunciaron el aumento de los accidentes de tránsito y el evidente deterioro de la infraestructura vial, lo que ha generado un creciente malestar en la opinión pública, especialmente por la congestión en las principales avenidas del país.
Criticaron que el Gobierno presente como un logro el anuncio de un plan para pavimentar 600 hoyos en el Gran Santo Domingo, cuando, afirman, gran parte de la infraestructura vial fue intervenida con asfalto previo a las elecciones, sin resultados duraderos.
Advirtió que esta medida tendrá un efecto dominó en la economía de los dominicanos, calificándola de una decisión desacertada y peligrosa, porque “juega con la paciencia del pueblo”.
Como también advirtió que este anuncio de aumento podría responder a una estrategia recurrente del PRM, que consiste en anunciar medidas drásticas para luego modificarlas bajo presión popular y presentarse como un gobierno que escucha al pueblo. Sin embargo, el verdadero propósito desde el principio sería aplicar un ajuste que ya tenían previsto, afectando a la mayoría y favoreciendo a sectores privilegiados a través de posibles subsidios o exenciones.
Mientras que instó a las autoridades a reevaluar esta disposición y priorizar soluciones que no afecten el bolsillo de los ciudadanos ni perjudiquen la estabilidad económica del país.
