En la mañana del 3 de enero, un centenar de funcionarios de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Corea del Sur intentaron sin éxito ejecutar la orden de arresto impuesta al depuesto presidente Yoon Suk-yeol.
El operativo comenzó a las 8 de la mañana en la residencia privada del presidente y se prolongó durante cinco horas y treinta minutos sin resultados, ya que la seguridad del presidente bloqueó la entrada con 200 efectivos además de autobuses. Motivos de seguridad llevaron a la suspensión del procedimiento.
Se esperan nuevos procedimientos
Los fiscales de la Oficina de Investigación de la Corrupción pudieron reunirse con los abogados del presidente suspendido. Sostuvieron que la orden de aprehensión carece de legalidad y además es inconstitucional, lo que generó que se obstaculizara el proceso.
Yoon Suk-yeol fue destituido por la Asamblea Nacional tras su fallida Ley Marcial el pasado 3 de diciembre. A ello se suma su negativa a recibir notificaciones oficiales para iniciar su defensa ante el Tribunal Constitucional del país, institución que decidirá el futuro de su gobierno.
La orden de aprehensión tiene vigencia hasta el 6 de enero y puede renovarse, por lo que se esperan nuevos trámites.
