QUITO (AP) — La Fiscalía de Ecuador informó el martes que los cuerpos calcinados encontrados cerca de una base militar corresponden a los cuatro menores desaparecidos hace 23 días. Poco antes, un juez ordenó la prisión preventiva de los 16 militares investigados por la presunta desaparición forzada de menores.
La Fiscalía dio a conocer la noticia a través de un mensaje en la red social «Los resultados de las pruebas genéticas forenses arrojan que los cuatro cadáveres encontrados en una zona de manglar de Taura corresponden a los tres adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar. «
Agregó que “es un momento difícil para sus familias. “No vamos a parar hasta encontrar toda la verdad y la justicia”.
Minutos antes, el juez Dennis Ugalde había aceptado la solicitud del fiscal de la Unidad Especializada de Investigación en Uso Ilegítimo de la Fuerza, Christian Farez, contra los uniformados, quienes deberán ser trasladados a un penal común aún por determinar, informó la Fiscalía. indicado. a AP.
Durante la audiencia, el fiscal Farez presentó los elementos de prueba y sustentó al juez en la necesidad de dictar prisión preventiva. Según el penalista Ramiro Aguilar, al “hallarse (a los menores) muertos, se deben reformular los cargos a la cifra que establezca la Fiscalía.
La Fiscalía informó que se debe convocar a una nueva audiencia para la reformulación. Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años; Saúl Arboleda, de 14 años, y Steven Medina, de 11, desaparecieron el pasado 8 de diciembre en el sur de la ciudad costera de Guayaquil cuando después de jugar fútbol fueron abordados por una patrulla militar. Las autoridades de seguridad negaron inicialmente la participación de los militares. y atribuyeron el hecho a una banda criminal.
Sin embargo, tras la difusión de un video que captó el momento, se admitió la detención bajo el argumento de un presunto robo que ha sido negado por la Fiscalía. Los uniformados declararon que liberaron a los menores cerca de una base militar.
La incertidumbre en torno al caso aumentó la semana pasada tras el hallazgo de cuatro cuerpos calcinados y con signos de tortura en las inmediaciones de la base militar situada en las afueras de la ciudad portuaria.
Para la abogada penalista Paulina Araujo, la decisión marca un hito al iniciar el “proceso penal formal” contra los militares, “porque no existe un procedimiento legal para proteger lo que hicieron”, dijo a AP.
Araujo explicó que el delito de desaparición forzada “es tan grave que no puede prescribirse” y se encuentra entre los crímenes de lesa humanidad. Al detenerlos “fueron garantes de la vida e integridad de los menores” y violaron todas las normas y códigos que protegen a los menores, anotó.
Afuera del juzgado del sur de Guayaquil, donde se llevó a cabo la audiencia, familiares, activistas y ciudadanos gritaban “Ustedes son culpables, soldados criminales” y con carteles y fotografías de los menores exigían justicia mientras un grupo de niños jugaba con una pelota en la calle.
“No son terroristas, son niños futbolistas”, arengaron los presentes. Al lugar también se presentó un grupo de personas con mascarillas y carteles en apoyo a los 16 integrantes de las Fuerzas Armadas.
