Por carlos santander
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo, entonces presidente de Perú, anunció en televisión nacional la disolución inconstitucional del Congreso de la República y el establecimiento de un gobierno de emergencia nacional con el objetivo de evitar su destitución por parte del poder legislativo. Este anuncio, unilateral y sin apoyo militar, provocó su detención y encarcelamiento pocas horas después. Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y actualmente se encuentra en prisión preventiva, sin haber recibido hasta el momento una sentencia firme.
Durante esos mismos días, en Brasil, tras la derrota electoral en segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el entonces presidente Jair Bolsonaro mantuvo un prolongado silencio, interpretado como una señal de frustración y negativa a reconocer los resultados. Anteriormente, Bolsonaro afirmó la existencia de fraude electoral, aunque nunca presentó pruebas concretas. Posteriormente, la Policía Federal de Brasil reveló un complot golpista que incluía planes para asesinar al presidente electo y otras autoridades judiciales.
Aunque los dos casos comparten el intento de romper el orden constitucional, presentan diferencias significativas. En Perú, Pedro Castillo fue apresuradamente y erróneamente instado por sus colaboradores más cercanos, quienes lo convencieron de que enfrentaba una inminente destitución por parte del Congreso. La oposición parlamentaria intentó, por tercera vez, destituirlo; En las mociones anteriores apenas habían obtenido 46 y 55 votos respectivamente, muy por debajo de los 87 votos necesarios. La probabilidad de alcanzar la mayoría requerida para la tercera moción era baja, ya que el gobierno controlaba al menos 30 votos que podrían bloquear la iniciativa de la oposición.
En Brasil, Jair Bolsonaro implementó una estrategia planificada de antemano: sembrar dudas sobre la seguridad del sistema de voto electrónico, argumentando que era vulnerable al fraude y no garantizaba un proceso electoral limpio. A pesar de la validación y eficacia comprobada del sistema por parte de los órganos electorales, Bolsonaro no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones. Al contrario, animó a sus seguidores a ignorar los resultados. Esta narrativa preparó el terreno para justificar un golpe de Estado en caso de no ser reelegido. El 8 de enero de 2023 movilizó a sus seguidores, lo que resultó en la destrucción de las principales sedes del poder público en la llamada Plaza de los Tres Poderes. En medio del caos “espontáneo”, Bolsonaro podría haber buscado justificar una intervención inconstitucional.
En el caso peruano, Pedro Castillo fue inmediatamente expulsado del poder, detenido y sometido a un proceso judicial. Bolsonaro, que ya había terminado su mandato, perdió sus prerrogativas presidenciales pero no ha sido detenido, aunque enfrenta múltiples investigaciones. Si bien la condena a Pedro Castillo fue casi unánime en Perú, en Brasil muchos actores políticos relevantes, incluido el presidente del Congreso, han preferido guardar silencio y no condenar explícitamente la iniciativa golpista de Bolsonaro.
Las acusaciones en ambos casos son similares. Pedro Castillo enfrenta cargos de rebelión, intento de alterar el orden constitucional, conspiración y abuso de autoridad. En cuanto a Jair Bolsonaro, las acusaciones incluyen abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado y participación en organización criminal, además de otras acusaciones relacionadas con corrupción.
En el juicio contra Pedro Castillo se considera que, si bien sus órdenes represivas fueron ignoradas y no logró concretar el autogolpe, existen pruebas claras de su intento de romper el orden constitucional. Su acción no fue una mera reflexión, sino una ejecución concreta, como lo demuestra su declaración pública de disolución del Congreso. Incluso si actuó apresuradamente o engañó, debe asumir algún tipo de responsabilidad penal.
En el caso de Jair Bolsonaro, el debate jurídico será más largo. Se busca determinar su grado de responsabilidad en la trama golpista descrita en un informe de más de 800 páginas elaborado por la Policía Federal, que documenta su participación a través de intermediarios, tanto en la formulación del plan como en la ejecución de las acciones criminales. Un aspecto central del debate será si su comportamiento trasciende la mera intención de dar un golpe de Estado, llegando a su operacionalización.
La teoría del dominio de hecho, figura del derecho penal, podría aplicarse en el caso de Bolsonaro. Esto permite responsabilizar a quien tiene poder decisivo sobre un hecho delictivo, incluso si no ejecuta directamente las acciones materiales del delito, como ocurre en los casos en que los líderes actúan a través de subordinados.
