Por Carlos A. Gordon B.
El nuevo gobierno de Panamá, que asumió en julio de este año, ha propuesto reformar el sistema de seguridad social, que enfrenta una crisis financiera que afecta tanto el programa de pensiones, invalidez y maternidad, como los servicios de salud que brinda el Seguro Social. Fondo (CSS), entidad que administra los fondos del asegurado.
El proyecto de ley propone, entre otras medidas, un aumento de la edad de jubilación y un aumento del aporte empresarial, además de los aportes del Estado, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por el lado de la salud, se busca generar cambios que permitan la integración de los servicios que prestan la CSS y el Ministerio de Salud, y la agilización y compra conjunta de medicamentos, con el fin de asegurar su suministro.
Mientras algunos gremios empresariales han mostrado su apoyo a la iniciativa, gremios de trabajadores, médicos y docentes han expresado su rechazo, argumentando que las reformas afectan negativamente a los trabajadores y no resuelven los problemas estructurales de la CSS. El debate continúa en la Asamblea Nacional, donde se espera que se realicen modificaciones al proyecto original antes de su aprobación, que, en teoría, debería ocurrir durante el mes de diciembre.
El problema de la informalidad laboral
Un aspecto que se plantea como telón de fondo de estas reformas es la informalidad laboral, fenómeno que divide en dos al territorio y a la clase trabajadora panameña. Las garantías laborales que brinda el sistema de seguridad social, como el acceso a la atención médica y las pensiones en la edad de jubilación, son beneficios a los que más de la mitad (52%, 2.142.321 habitantes) de la población no tiene acceso. , ya sea directamente, como afiliado, o indirectamente, como beneficiario, según datos del censo de población de 2023.
La informalidad es un problema que ha afectado a más del 45% de la población panameña de manera persistente, a lo largo de casi todo el siglo XXI, según datos del INEC. Estas cifras resaltan la necesidad de ajustar no sólo las variables financieras y ‘paramétricas’ de la gestión de la CSS, sino también los elementos estructurales en los que se basa el funcionamiento económico y territorial del país desde al menos los años 1970.
Datos del censo de población y vivienda de la población sin seguro social en Panamá al año 2023 muestran que la exclusión de la seguridad social es un problema generalizado en los corregimientos urbanos del país, donde en ningún corregimiento la población sin cobertura baja del 25%. llegando incluso al 50% en algunos casos.
La situación en las zonas rurales es aún más crítica, con tasas de exclusión que superan el 70% y en muchos municipios alcanzan niveles alarmantes de más del 90%, especialmente en las regiones indígenas. Esto muestra una profunda desigualdad en el acceso a la seguridad social entre las zonas rurales y urbanas, y entre las periferias y los centros urbanos del país.
En Panamá, según grupos de edades, la población sin seguridad social presenta una tendencia en forma de “U” invertida, afectando principalmente a jóvenes entre 15 y 34 años (63%) y adultos mayores de 65 años o más (24%). Y en términos de actividad económica, los sectores con mayor porcentaje de personas sin seguridad social son la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (81%), empleo doméstico (70,5%) y construcción (66%).
Estos datos son similares al resto de América Latina donde el 55% de los trabajadores tiene un empleo informal sin contrato ni cobertura de seguridad social, y 3 de cada 10 no tienen los ingresos necesarios para superar la línea de pobreza, según la más reciente edición de el Índice de Mejores Empleos del BID (2024).
Una gran evasión fiscal
La informalidad en el caso panameño también es evidente, en lo que respecta a indicadores sobre la porción de ventas no declaradas, que alcanza el 50%, -lo que indica un alto nivel de evasión fiscal-, además de registrar el 40% de su PIB dentro de lo que se considera, economía sumergida, que es aquella que incluye tanto las actividades que no están registradas ante el Estado, como aquellas actividades ilícitas, según el informe ‘Informalidad: fuga y exclusión del Banco Mundial, 2007’.
Según este mismo informe, la informalidad en América Latina se debe a la incapacidad del sistema capitalista para integrar a toda la población al mercado laboral, además de la desconfianza institucional y el incumplimiento de las regulaciones. Esto genera un grupo excluido y pobre, y otro con mayores ingresos que opta por no participar en el sistema de seguridad social debido a sus limitados beneficios.
Uno de los economistas ganadores del Premio Nobel 2024, James Robinson, señala en su artículo ‘Pobreza en Colombia’ (2016), que “la raíz de este problema está relacionada con las estructuras extractivistas y la falta de credibilidad de las instituciones. Las regiones que tienen instituciones económicas ‘extractivas’, que no crean incentivos y oportunidades de base amplia para las personas, crearán pobreza. Tener un Estado capaz y eficaz es un requisito previo para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza”.
Otros aspectos que inciden en el comportamiento de la informalidad en Panamá están relacionados con la hiperconcentración sectorial y geográfica de la actividad económica. Datos del censo empresarial (INEC, 2012) muestran cómo en el corredor transístmico del Canal de Panamá se concentran el 60% de las empresas, el 91% de los salarios pagados y el 93,5% de los ingresos empresariales. Por el lado sectorial, el 67% del PIB se concentra en el sector servicios, relegando a otros sectores como la agricultura a bajas inversiones y productividad.
Ampliar la base de afiliados a la seguridad social requiere políticas que fomenten la formalización laboral, tanto en las zonas rurales como en las urbanas informales. Se debe promover el cooperativismo, la creación de espacios para el emprendimiento y modelos de seguros innovadores que atiendan la diversidad de ingresos y actividades económicas. También es fundamental garantizar salarios dignos, superiores al costo de la canasta básica, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico. La sostenibilidad futura del sistema de seguridad social dependerá en gran medida de la adopción de este tipo de políticas.
