la guerra en Oriente Medio está empujando a varios países a tomar medidas para contener el impacto económico derivado del conflicto.
En República Dominicana, el Gobierno anunció este jueves que destinará RD$1,000 millones para subsidiar los precios de los fertilizantes durante tres meses, ante el abrupto aumento y escasez de estos insumos en el mercado internacional, situación asociada a tensiones geopolíticas.
La información fue ofrecida por el ministro de Finanzas y Economía, Magín Díaz, quien explicó que la disposición forma parte de un paquete de acciones encaminadas a mitigar los efectos que la crisis internacional pueda generar en la economía local.
El conflicto también ha comenzado a reflejarse en los bolsillos de los dominicanos. En apenas una semana, el Gobierno ordenó aumentos en RD$10 en gasolinas y diésel, tanto regular como premium, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) mantuvo su precio sin cambios.
Pero República Dominicana no es el único país que ha adoptado medidas para afrontar la presión económica derivada de la crisis en Medio Oriente. También se han activado planes de contingencia en Europa.
Él gobierno español aprobó este viernes un plan de 80 medidas fiscales y de otro tipo para compensar los daños de la guerra de Irán y la crisis de Oriente Medio por valor de 5.000 millones de euros (5.750 millones de dólares).
El plan, que entrará en vigor mañana, incluye reducciones de los impuestos energéticos, descuentos para colectivos sociales vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.
El Gobierno español también aprobó otro decreto para la paralización temporal de los precios del alquiler de viviendas.
Electricidad
– Reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del tipo general (21%) al tipo reducido (10%).
– Suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica, actualmente del 7% y que pagan las empresas.
– Reducción del impuesto especial, que pagan los consumidores y pasando del actual 5,11% al mínimo del 0,5%.
Gas
– Reducción del 21% al 10% del IVA del gas natural, pellets y leña.
– Congelación del precio máximo de venta del gas butano y propano.
Grupos sociales y sectores productivos más afectados
– Bono social de electricidad: mejora del descuento para hogares vulnerables (42,5%) y hogares en vulnerabilidad severa (57,5%) hasta final de año.
– Bono social térmico: aumento de la ayuda mínima hasta 50 euros.
– Garantía de suministro de agua y energía.
– Ayuda directa de 20 céntimos de euro por litro de gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores; y ayudas equivalentes para fertilizantes.
– Bonificación del 80% en los peajes de transporte y distribución eléctrica para toda la industria electrointensiva, lo que les permitirá ahorrar 200 millones de euros.
– Ampliación en 300 millones de euros de la línea de crédito público para la financiación del sector agroalimentario y pesquero.
Electrificación y energías renovables
– Deducciones en el IRPF por la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, implantación de nuevas ayudas para la climatización de edificios o agilización de la instalación de energías renovables.
– Refuerzo del autoconsumo, ampliando la distancia máxima entre generación y consumo eléctrico de 2 a 5 kilómetros, así como permitir a las entidades locales promover nuevas modalidades energéticas y comunidades.
– Aumento de la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante baterías, se declara de utilidad pública el bombeo hidroeléctrico y se impulsan las renovables.
– Mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro de energía para empresas y autónomos.
– Deducciones del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos y enchufables.
Medidas laborales
– Prohibición de despido en empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos económicos de la guerra.
– Impulsar la entrada en vigor de planes de movilidad sostenible, a los que estarán obligadas todas las empresas de más de 200 trabajadores o 100 por turno, para facilitar los desplazamientos al lugar de trabajo.
Vivienda
– Cese temporal de los precios del alquiler.
– Prórroga de dos años de los contratos de alquiler que finalizan entre el 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, según fuentes de Sumar, socio de la coalición de gobierno con los socialistas.
