SANTO DOMINGO.- Este martes, el Ministerio Público solicitó a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la pretensión del general Adán Cáceres Silvestre y acciones de eludir la aplicación de la justicia mediante la extinción penal del proceso judicial en su contra por sustracción de fondos en perjuicio de los contribuyentes y diversos organismos del Estado.
La procuradora judicial Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que “en ningún caso corresponde en este proceso declarar la extinción penal”, como pretenden el general Cáceres Silvestre y otros imputados acusados de corrupción administrativa en el expediente que se deriva de las operaciones Coral y Coral 5G.
Ortiz explicó que el Ministerio Público desmontó durante la audiencia judicial, y una vez más, «la teoría que la defensa pretende implementar, no sólo en los tribunales, sino también a través de los medios de comunicación y por diferentes canales».
«La extinción de la acción penal, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional dominicana, incluso en su última decisión de marzo de 2026, no es ni puede ser un cálculo matemático; no es que, transcurridos cuatro años, el proceso se extinga; hay una serie de razones y requisitos como la complejidad de los procesos y la conducta de los imputados que influye en la determinación de los plazos», anotó.
“Evidentemente, en un caso complejo como este, declarado por un tribunal, y en el que el 90% de las dilaciones del proceso provinieron de los imputados, no podemos hablar de extinción”, enfatizó.
Dijo que incluso el propio tribunal, integrado por las juezas Giselle Méndez (presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, ha reconocido la validez de los argumentos del Ministerio Público cuando el general Cáceres Silvestre y Cos presentaron el mismo argumento sobre la extinción penal y los jueces lo rechazaron en dos ocasiones.
“Y de la misma manera, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema de Justicia también lo han reconocido, es decir, que en ningún caso y bajo ninguna alegación se puede declarar extinto este proceso”, afirmó.
Durante la audiencia de este martes, Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto a los fiscales litigantes Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos, Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, pidió al tribunal rechazar el proyecto de nulidad y reafirmó que la incautación de un local adquirido con fondos robados al Estado nunca puede considerarse una acción inconstitucional contra la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyos feligreses siempre pueden reunirse en el espacio que elijan y al cual tienen un legítimo derecho.
El tribunal aplazó el juicio para el próximo 14 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana.
El proceso judicial
En febrero pasado, luego de presentar sus conclusiones en el proceso, el Ministerio Público solicitó la imposición de penas de hasta 20 años de prisión y multas de entre 400 y 200 salarios mínimos para los procesados por corrupción a partir de la judicialización de las operaciones Coral y Coral 5G que enfrentaron a una red que robó más de RD$4,500 millones al Estado.
Se solicitaron penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola.
Asimismo, solicitaron la misma pena para los imputados coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
También solicitaron la imposición de 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para los imputados Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
El Ministerio Público también solicitó la imposición de diez años de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, para el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, el sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebron, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.
Además, solicitó 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de 500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).
En su solicitud, el Ministerio Público también solicitó el cierre y suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y la imposición de una multa de 200 salarios mínimos.
Asimismo, para las empresas Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial SRL
Asimismo, la disolución e imposición de multa de 10 millones de pesos de la razón social Rawel Importadores SRL
El Ministerio Público también solicitó el decomiso de los bienes incautados, que incluyen villas, casas y vehículos de lujo.
