SANTO DOMINGO. — La Dirección General de Migración (DGM) despidió a 263 miembros de su personal, en 2025 y en lo que va de 2026, a quienes se les comprobó haber participado en acciones que violan normas institucionales.
La institución precisó que esto ocurrió como resultado de 980 procesos de investigación administrativa y seguimiento de procesos internos en los que han estado involucrados empleados de la institución.
Explicó que de estos casos, que son monitoreados por la Dirección de Asuntos Internos de la DGM, 185 expedientes aún se encuentran bajo investigación, 244 empleados han sido amonestados y sancionados, 66 han sido suspendidos, 123 han sido trasladados, 21 han sido despedidos y en 75 no se adoptó ningún tipo de sanción, debido a que no se pudo acreditar la participación de los investigados en los hechos denunciados.
“Estos resultados demuestran un sistema activo de supervisión institucional, donde las investigaciones se realizan bajo criterios de objetividad, respeto al debido proceso y aplicación proporcional de las medidas y normas correspondientes de la Secretaría de la Función Pública”, afirma la Dirección General de la DGM.
La institución señala que debido al seguimiento riguroso que da a los procesos necesarios en los servicios migratorios a la ciudadanía, en aeropuertos, puertos y puntos de control en la frontera terrestre que están a cargo de la DGM, el año pasado, el Departamento de Investigación tramitó 7.050 casos de defraudación documental, 4.400 de suplantación de identidad, 850 casos de procesos migratorios y 185 casos de intento de violación de impedimentos, sustentados en órdenes judiciales.
«La DGM reitera su política de no tolerancia hacia cualquier tipo de actuación que vaya en contra de la naturaleza y misión para la cual fue creada la institución; y que mantiene una política de no hacer concesiones a favor de personas que se encuentran en procesos de investigación por violación a la Ley 285-04.
En este sentido, reafirma su voluntad de mantener los operativos de interdicción migratoria a nivel nacional, así como los procesos de deportación de extranjeros en situación migratoria irregular, respetando los derechos humanos, la dignidad de las personas, así como la protección de sus bienes en el marco de acciones éticas, responsables y transparentes.
Asimismo, reiteró “su compromiso de continuar fortaleciendo la ofensiva contra la presencia de migrantes en condición irregular en el país, asegurando que estas acciones se desarrollen en el marco de las disposiciones legales vigentes, de conformidad con los derechos humanos y los principios de transparencia institucional”.
