El pasado miércoles 8 de abril se cumplió un año del colapso de la discoteca Jet Set. Doce meses son suficientes, no sólo para medir el paso del tiempo, sino para evaluar la capacidad de una sociedad para afrontar sus tragedias, con justicia o con el olvido gestionado.
Porque el olvido, en estos contextos, rara vez es abrupto. No sucede de la noche a la mañana. Se instala progresivamente, en la dispersión de la atención, en la pérdida de urgencia y, sobre todo, en el riesgo de que el proceso judicial, aún cuando avanza, acabe diluyendo la memoria que le dio origen.
Vale la pena reconocer que el proceso penal en curso ha seguido, hasta ahora, cauces de prudencia institucional. Se han respetado los derechos de las víctimas, los demandantes y los actores civiles, así como las garantías procesales de los imputados. La formalización de las participaciones y la salvaguarda del debido proceso no son obstáculos; Son condiciones indispensables de legitimidad.
Pero precisamente por eso el desafío es mayor.
La memoria, en el ámbito jurídico, no es un gesto simbólico, es un deber. Las víctimas no son cifras ni archivos. Son titulares de derechos cuya exigibilidad no caduca con el paso del tiempo. Y el proceso penal no puede convertirse –ni siquiera involuntariamente– en un espacio donde ese recuerdo pierda fuerza o pase a ser secundario.
El riesgo hoy no está en las prisas ni en la vulneración de garantías. Es en otro lugar: donde la complejidad procesal, incluso bien aplicada, acaba absorbiendo el sentido del proceso. Dejemos que la técnica desplace a la verdad. Dejemos que el tiempo erosione la demanda.
Por eso es necesario insistir en que el proceso no es un fin en sí mismo. Su finalidad es la reconstrucción de la verdad y la determinación de responsabilidades. Individualizar conductas, establecer niveles de responsabilidad –penal y civil– y evaluar las pruebas con rigor no es una aspiración abstracta, sino una obligación concreta.
Nada de linchamientos. Pero también sin diluciones.
La legitimidad de la decisión que surja dependerá de ese equilibrio. Garantías plenas, sí; sino también una respuesta eficaz. Una respuesta que, a la luz de los hechos, debe examinar seriamente la existencia de negligencia e imprudencia graves, si así lo demuestran las pruebas, como efectivamente es el caso.
Sin embargo, la justicia no termina en las responsabilidades individuales. Esta tragedia ha revelado fallas estructurales, como debilidades en los sistemas de supervisión, controles administrativos insuficientes y vacíos regulatorios que limitan la capacidad de prevenir y sancionar. Si el proceso no proyecta sus efectos hacia estas dimensiones –si no promueve correcciones institucionales, reformas y mecanismos de control efectivos– la respuesta será inevitablemente incompleta.
El mayor peligro, un año después, no es la inacción abierta. Es una normalización progresiva. Que todo parece estar en marcha, pero que, en realidad, la memoria pierde densidad y el caso deja de desafiar a la sociedad.
Esa es también una forma de olvido.
La justicia no puede ser ni apresurada ni interminable. Entre el respeto al debido proceso y la eficacia de la decisión no hay contradicción, sino exigencia de coherencia. Cuando el proceso se prolonga sin sentido o se vuelve autorreferencial, deja de servir a la verdad que está llamado a reconstruir.
Este caso debe, por tanto, ser un ejercicio de verdad, responsabilidad y aprendizaje institucional.
Pero para ello es imprescindible que la memoria –que es su punto de partida y su razón de ser– no se diluya, ni se desgaste, ni acabe subordinada a la dinámica del propio proceso. No dejes que se ahogue en él.
