Las incidencias procesales y la demora en las decisiones de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional ayer devolvieron el rumbo a dos de los expedientes de presunta corrupción más relevantes: el caso Calamar y una derivación del Caso camaleón (INTRANTE)ambos pospuestos porque las autoridades superiores aún no tienen listos sus respectivos fallos.
parálisis del juicio del calamar
En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el Tercer Tribunal Colegiado se vio imposibilitado de continuar con el juicio de fondo del ex Ministro de Hacienda, Donald Guerrero y otros imputados acusados de formar parte de una supuesta red que habría defraudado al Estado en más de 19.000 millones.
Las juezas Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, postergaron la audiencia para el miércoles 25 de noviembre, a la espera de que la Corte de Apelaciones decida sobre la recusación interpuesta contra los dos últimos jueces.
El recurso de apelación fue interpuesto el día 11 de estos días por el abogado Carlos Mesa, representante legal del imputado. Roberto Santiago Moquete Ortizquien se opuso a que el expediente de su cliente sea separado del proceso principal por motivos de salud.
Esta recusación fue conocida por la Tercera Sala Penal de la Corte, presidida por el juez Pedro Sánchez Rivera.
Desde la apertura del juicio de fondo de Calamar el 16 de septiembre, se han presentado tres impugnaciones en apenas dos meses, lo que ha limitado el avance a los argumentos de sólo dos defensas.
RD$7.0 millones por celular
Simultáneamente, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelaciones pospuso hasta el 26 de noviembre la lectura del fallo sobre el recurso de apelación con el que el Ministerio Público busca revocar una sanción económica de RD$7,560,000 a favor de Juan Francisco Álvarez Carbucciaex director administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
los magistrados Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás Informaron que no tenían listo el fallo para la audiencia prevista para ayer “por un retraso en la discusión de la deliberación” por lo que pidieron disculpas.
El monto en disputa corresponde a la liquidación de un astreinte ($20.000 diarios) impuesto en julio pasado por la jueza Patricia Padilla, del Juzgado Segundo de Instrucción.
El litigio surgió luego de que el órgano fiscal le devolvió a los imputados en el caso Camaleón, la red de semáforos, vehículos de lujo y otros bienes incautados, pero no pudo entregar un teléfono celular. samsung galaxy s3 de 2012, valorado en unos RD$3,200, alegando que el dispositivo se perdió durante el traslado de pruebas. El juez Padilla consideró injustificada la pérdida y ordenó el pago total de la pena.


