Santo Domingo.- Las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre sanciones contra funcionarios que utilicen recursos públicos para actividades políticas generó reacciones encontradas en el Congreso Nacionaldonde legisladores de oposición cuestionaron la efectividad de los controles del Gobierno, mientras representantes del oficialismo defendieron las medidas adoptadas para prevenir estas prácticas.
Diputados y dirigentes de la poder del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideraron que las advertencias del presidente deben ir acompañadas de mecanismos de supervisión y consecuencias concretas para quienes utilicen fondos o activos del Estado en beneficio de proyectos políticos.
Los opositores señalaron que, si en administraciones anteriores se hubieran aplicado controles más rigurosos, algunas de las irregularidades que actualmente investiga el Ministerio Publico y conocido por los tribunales se podrían haber evitado.
En su opinión, no basta con anunciar que habrá sanciones, sino que las autoridades deben garantizar que las instituciones responsables que se supervise el gasto público actúe sin distinciones políticas y que cualquier funcionario que incurra en estas prácticas rinda cuentas ante la justicia.
Defensa oficial de los controles
Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón BuenoDefendió la posición del Gobierno y sostuvo que el presidente Abinader mantiene una política de vigilancia sobre el manejo de los recursos del Estado, con disposición a sancionar las irregularidades que se detecten.
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El debate se produjo luego de que el presidente afirmara, durante la presentación del Horario semanalque en su administración actos de corrupcion Son castigados y no se permite la impunidad.
Abinader También advirtió sobre el uso de recursos públicos en actividades proselitistas, práctica que gana especial atención a medida que se acercan los procesos electorales y aumenta la actividad política de los funcionarios.
Las posiciones reflejan la diferencia entre oposición y el partido gobernante sobre la aplicación de controles al gasto estatal: mientras los primeros exigen resultados verificables y sanciones, los PRM Sostiene que existe una política de supervisión y rechazo a la corrupción.
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