El próximo 15 de diciembre Entra en vigor la prohibición a los comercios de entregar gratuitamente a los consumidores cubiertas plásticas de un solo uso, según la Ley 98-25 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, medida que sectores comerciales e industriales buscan postergar mientras ambientalistas piden no extenderla porque impactará positivamente en el medio ambiente.
La citada ley fue promulgada el 15 de diciembre del año pasado y en su artículo 27 modifica el inciso 2 del artículo 172 de la Ley 225-20, estableciendo un nuevo plazo de 12 meses para prohibir completamente la entrega gratuita de bolsas o fundas plásticas de un solo uso en los comercios.
El Ministerio de Medio Ambiente ha recibido solicitudes del sector comercial sobre la posibilidad de posponer el tema de las cubiertas plásticas, pero aún no ha dado respuesta.
Controversias
Aunque la ley representa un triunfo ambiental, hay aspectos de marketing, inventario, educación y certificaciones que siguen siendo parte de la controversia.
Por ejemplo, la normativa no prohíbe los plásticos, sino su entrega gratuita, por lo que los comercios podrán venderlos incluso cuando lo tuvieran como parte del costo del producto. También la certificación de biodegradabilidad que deben tener los plásticos a comercializar, proceso pendiente que realizan el Instituto Dominicano de la Calidad (Indocal) y el Ministerio del Ambiente.
Además, el choque cultural para el consumidor dominicano que exige el estuche como parte esencial de la compra. No se ha observado ninguna campaña masiva para orientar y educar a los clientes para que puedan llevar sus bolsas reutilizables o adquirir las alternativas que ofrecen los comercios.
El periodo navideño y el gran flujo de compras y ventas que representa, es otro de los argumentos para posponer la implementación.
Obligación del Estado
Al respecto, el reconocido ambientalista Luis Carvajal afirmó que esta es una medida que el Estado está obligado a implementar, ya que en el país se generan más de 400 mil toneladas de residuos plásticos al año, casi 38 kilogramos por persona, de los cuales entre 60 a 80 por ciento termina en cuerpos de agua, botes de basura o imbornales.
“Esta medida será un alivio al drenaje urbano y quitaría presión a las cuencas, además de ser una protección activa de la principal actividad del país que es el turismo, y por supuesto promoverá un tipo de economía alternativa”, dijo Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Indicó que se busca una medida que no sea cosmética, tardía o insuficiente y que la solución no es privatizar este esquema. Sin embargo, critica que prohibir el envío gratuito y permitir la venta de bolsas en los supermercados no limita el plástico.
“La idea es prohibir el plástico, la gratuidad es un elemento innecesario en la ley: hay que prohibir que se fabrique, que se importe, que no se entregue”, resaltó Carvajal.
Deploró que el país haya sido “cómplice” y retrasando la medida durante seis años, ya que cuando se aprobó por primera vez en 2020 hubo un plazo que venció y luego hubo otro.
Un elemento del que dijo que se debe “desconfiar” es el plástico biodegradable, porque eso no existe y la única salida real es la reutilización estricta, reducir el consumo y no cambiar un tipo de desechable por otro.
Explicó que la reutilización tiene mucho que ver con el material y la resistencia, y en el país no están claramente indicadas las normas de biodegradabilidad.
Carvajal cree que hay una especie de contrarreforma y se intenta ganar tiempo para permitir nuevas revisiones de la Ley 98-25.
Acusaciones
Algunos industriales que fabrican plásticos argumentan que la transición hacia productos biodegradables encarece las materias primas y requiere una serie de reconversiones tecnológicas muy costosas y que además no existen laboratorios que certifiquen la biodegradabilidad de los productos.
Otro argumento es que se perderán puestos de trabajo en el sector manufacturero y que el país quedará en desventaja en comparación con los productos importados.
Mientras que las empresas piden reglas más claras para hacer sus adaptaciones. En este sentido, la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) reiteró la necesidad de contar con la disposición que regule detalladamente la prohibición de la entrega gratuita de cobertores plásticos de un solo uso, para que los establecimientos conozcan las condiciones de su implementación y puedan realizar las adecuaciones necesarias.
La directora ejecutiva de la ONEC, Jennifer Troncoso, aseguró que, en el marco de las conversaciones sostenidas, el propio Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha reconocido la necesidad de tener tiempo para concientizar a los consumidores y facilitar la adaptación de los negocios, así como evitar que la ejecución coincida con la temporada de mayor actividad comercial en Navidad.
El uso de fundas de plástico está muy extendido entre los consumidores.
«Sin embargo, a la fecha no tenemos información oficial que confirme una prórroga. Estamos a la espera de que las autoridades nos informen si la medida se prorrogará y cuál sería la nueva fecha de ejecución», dijo Troncoso.
Asimismo, aseguró que la entidad apoya el objetivo ambiental de la medida, la cual insiste en que su entrada en vigor debe ser ordenada.
“En ONEC apoyamos el objetivo ambiental de esta disposición y reiteramos nuestra disposición de colaborar para lograr una implementación ordenada, con reglas claras e información oportuna para todos los involucrados”, concluyó.
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