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lunes, noviembre 16, 2026
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Un Estado más digital no siempre es un Estado más justo

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Imaginemos a una persona mayor que necesita solicitar una pensión, una madre que está intentando acceder a un programa de asistencia social o un pequeño empresario que debe realizar un trámite ante una institución pública. Ahora imaginemos que todos estos servicios se realizan a través de plataformas digitales y que estas personas no tienen los conocimientos necesarios para utilizarlas. ¿Les estamos haciendo la vida más fácil o les estamos poniendo una nueva barrera para ejercer sus derechos?

Esta reflexión cobra especial relevancia tras la aprobación del Decreto núm. 787-26que establece el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana. Una iniciativa que valoramos positivamente, porque la modernización del Estado es necesaria y la tecnología puede contribuir a mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, su implementación nos obliga a mirar una realidad que no podemos ignorar: no todas las personas están preparadas para interactuar con una administración pública cada vez más digital.

Modernizar también implica educar: en diferentes espacios he sostenido que cualquier política pública de modernización debe ir acompañada de un proceso de educación y orientación dirigido a quienes tendrán que utilizar las nuevas herramientas. No basta con transformar procedimientos, incorporar plataformas o utilizar inteligencia artificial. También debemos preparar a la gente para aprovechar esos avances.

En República Dominicana aún enfrentamos importantes desafíos en materia de alfabetización digital. Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2022), entre las personas que no habían utilizado Internet durante los tres meses anteriores a la encuesta, el 44,5% afirmó no saber utilizarlo. Este dato merece nuestra atención, porque nos recuerda que detrás de los avances tecnológicos hay una población con diferentes niveles de conocimiento, acceso y oportunidades.

Pensemos en nuestros adultos mayores, las personas que viven en comunidades rurales, los que tienen alguna discapacidad o los que aún teniendo un celular no saben cómo completar un formulario, subir un documento o dar seguimiento a una solicitud en línea. Tener acceso a un dispositivo no significa necesariamente tener las habilidades para utilizar servicios públicos digitales. Y esa diferencia debe ser considerada a la hora de diseñar e implementar cualquier política de transformación tecnológica.

La tecnología no puede limitar derechos: Desde el punto de vista jurídico, la digitalización de los servicios públicos debe desarrollarse respetando las garantías reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 147 de la Constitución dominicana establece que los servicios públicos deben responder, entre otros, a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, continuidad y calidad. Por su parte, el artículo 4 del Ley núm. 107-13 reconoce el derecho de las personas a una buena administración pública, incluido el acceso a los servicios públicos, la respuesta oportuna y la motivación de las acciones administrativas.

Estas garantías no desaparecen porque un trámite deje de realizarse de forma presencial y pase a realizarse a través de una plataforma digital. Tampoco pueden estar condicionados a que una persona tenga determinados conocimientos tecnológicos.

El nuevo Código de Ética incorpora principios de inclusión, no discriminación, transparencia y supervisión humana. Además, reconoce garantías contra decisiones administrativas sustentadas en inteligencia artificial, incluida la posibilidad de solicitar explicaciones y revisión humana. Pero hay una diferencia entre reconocer estos principios en una disposición regulatoria y garantizar que sean efectivos en la práctica.

Una administración pública no puede considerarse verdaderamente moderna si, al tiempo que simplifica sus procedimientos para unos, dificulta el acceso a los servicios para otros.

Una transformación digital que incluya a todos: La modernización debe ir acompañada de programas permanentes de alfabetización digital, jornadas de orientación comunitaria, capacitación a adultos mayores y mecanismos de atención en las propias instituciones públicas. También es necesario desarrollar plataformas sencillas, con instrucciones comprensibles, accesibles para personas con discapacidad y adaptadas a las condiciones reales de nuestra población. La tecnología debe facilitar los trámites, no exigir que cada persona se convierta en un especialista para poder realizarlos.

Asimismo, durante los procesos de transición se deben mantener alternativas de atención y asistencia para quienes aún no pueden utilizar los canales digitales de forma autónoma. No podemos permitir que el desconocimiento del funcionamiento de una plataforma acabe convirtiéndose en causa de exclusión. Este compromiso se extiende también a los servidores públicos, quienes necesitan capacitación para orientar adecuadamente a las personas, comprender las herramientas que utilizan y asumir las responsabilidades que les corresponden.

La inteligencia artificial puede ayudar a reducir el tiempo, organizar la información y mejorar la toma de decisiones. Pero no debe sustituir el trato humano cuando sea necesario, ni convertirse en un obstáculo para presentar una reclamación, recibir una explicación o ejercer un derecho. El verdadero desafío es garantizar que la innovación tecnológica y la inclusión social avancen juntas. Por ello, considero que la alfabetización digital debe asumirse como parte esencial de la política pública de transformación del Estado, con objetivos específicos, recursos suficientes y mecanismos que permitan evaluar sus resultados.

Es importante aprobar un marco regulatorio. Implementarlo respetando las realidades y necesidades de las personas es lo que determinará su verdadero alcance. No estamos en contra de la modernización. Al contrario, estamos convencidos de su necesidad. Pero el progreso debe servir a las personas y no exigirles que enfrenten solas las dificultades de adaptarse a él.

Porque un Estado verdaderamente moderno no es sólo aquel que incorpora nuevas tecnologías, sino que garantiza que todas las personas puedan beneficiarse de ellas, sin perder sus derechos en el camino.

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