El 28 de diciembre de 2021 publiqué un artículo en Acento titulado ¿Se acerca una nueva ola de izquierda en América Latina?, en el que examiné las victorias de Pedro Castillo en Perú, Luis Arce en Bolivia, Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile. Sostuvo entonces que este giro electoral no necesariamente expresaba una conversión ideológica de la región, sino más bien el desencanto de ciudadanos cuyas expectativas económicas y sociales seguían insatisfechas.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2026 devuelve relevancia a esta discusión, ahora en un escenario internacional dominado por la rivalidad entre Estados Unidos y China, el debilitamiento del multilateralismo y la reorganización del comercio mundial. Su victoria nos invita a hacernos una pregunta más profunda que la continuidad de un gobierno progresista: ¿puede la izquierda latinoamericana ofrecer una prosperidad duradera sin depender de circunstancias externas favorables?
Brasil tiene una influencia única debido a su tamaño económico, sus recursos naturales y su peso diplomático. Lula ha buscado preservar la autonomía estratégica del país a través de relaciones con Washington, Beijing y Europa, al tiempo que utiliza espacios como los BRICS para ampliar sus opciones de negociación. Esta política cobra relevancia frente a la competencia por minerales críticos y cadenas de suministro, pero también revela una dificultad bien conocida: tener recursos estratégicos no equivale a dominar las tecnologías o industrias que capturan su mayor valor.
La historia económica latinoamericana está marcada por esta distancia entre riqueza natural y desarrollo productivo. Durante la primera marea rosa, el auge de las materias primas permitió financiar programas sociales, ampliar el consumo y reducir la pobreza. Fueron avances reales, aunque en muchos países no estuvieron acompañados de una diversificación industrial suficiente ni de mejoras sostenidas de la productividad. Cuando los precios internacionales cayeron, aparecieron restricciones fiscales y se debilitó la capacidad de responder a las expectativas creadas.
De ahí que la oposición entre estabilidad macroeconómica y justicia social sea engañosa. La inflación erosiona los salarios y golpea especialmente a los hogares pobres, mientras que la deuda insostenible reduce los recursos disponibles para educación, salud e infraestructura. La prudencia fiscal, sin embargo, no puede convertirse en un objetivo ajeno al bienestar: una economía ordenada que no genera empleos decentes o movilidad social deja intactas las razones del descontento.
Las reflexiones de Nancy Fraser en Cannibal Capitalism nos permiten examinar esta tensión desde otra perspectiva. Para el filósofo estadounidense, el capitalismo se sustenta en condiciones que su propia dinámica amenaza: el cuidado, la naturaleza, los bienes públicos y el poder democrático. Por tanto, una política progresista que se limite a redistribuir el ingreso corre el riesgo de aliviar los síntomas de la desigualdad sin intervenir en las relaciones económicas y sociales que la reproducen.
La experiencia de Lula muestra tanto el alcance como los límites de ese reformismo. Sus primeros gobiernos contribuyeron a reducir la pobreza y ampliar el acceso al consumo, pero no eliminaron la dependencia de las exportaciones primarias ni las profundas desigualdades estructurales de Brasil. Fraser no ofrece una receta para la política económica brasileña, aunque su crítica ayuda a formular la pregunta decisiva: ¿cómo pasar de compensar los efectos de un modelo de desarrollo a modificar las condiciones bajo las cuales se produce y distribuye la riqueza?
La respuesta requiere más que transferencias sociales o propiedad estatal. Significa fortalecer las capacidades tecnológicas, mejorar la educación, aumentar la productividad y crear empleos formales, sin ignorar el trabajo de cuidados ni transferir costos ambientales a comunidades vulnerables. También requiere instituciones competentes y una política industrial que impulse la innovación sin proteger indefinidamente a las empresas ineficientes. En este ámbito, la propuesta de Fraser amplía el horizonte social del progresismo, mientras las restricciones fiscales y productivas nos recuerdan la dificultad de convertir sus aspiraciones en políticas sostenibles.
Lula enfrenta hoy estas tensiones en una sociedad polarizada y en una economía sujeta a una competencia tecnológica mucho más intensa que durante sus primeros mandatos. Su margen diplomático puede atraer inversiones y abrir mercados, pero el resultado dependerá de decisiones internas sobre infraestructura, educación, industria y distribución de oportunidades. La autonomía internacional sólo tendrá contenido social si contribuye a mejorar las condiciones de vida.
Tampoco debe interpretarse su victoria como evidencia de un giro permanente hacia la izquierda en América Latina. La alternancia regional revela electorados que castigan la pérdida de ingresos, la inseguridad y la mala calidad de los servicios públicos, independientemente de la orientación del gobierno. Las victorias electorales expresan expectativas, pero no garantizan adhesiones duraderas.
La lección que une a Lula con Fraser es, precisamente, que la redistribución importa, pero no agota la justicia social. La izquierda latinoamericana necesita revisar cómo se crea la riqueza, quiénes participan de sus beneficios y qué costos soporta la sociedad, sin sacrificar la estabilidad económica que le permita sostener sus conquistas. Su futuro no se decidirá únicamente en las urnas o en los foros internacionales, sino en su capacidad para traducir el poder político en transformaciones productivas y bienestar tangible. La justicia social no la proclama el gobierno: se demuestra en la vida cotidiana de los ciudadanos.
