El Coalición de Organizaciones Sociales Podemos condena los fusilamientos llevados a cabo por la Policía Nacional y pide interrogar al titular de la institución porque consideran grave el gran número de muertes por esta vía contra presuntos delincuentes.
También deplora la violación sistemática de múltiples disposiciones de la Constitución de la República y estándares internacionales de los que el país es signatario, entre ellos: el artículo 37 que consagra el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte.
«El artículo 38 establece la obligación del Estado de respetar y proteger la vida, y prohíbe la pena de muerte; el artículo 42 establece el derecho a la integridad personal y prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que el artículo 69 garantiza el debido proceso y presume la inocencia, el derecho a la defensa y a ser juzgado por tribunal competente», explica en un comunicado la organización que encabeza Silvia Soto.
En tanto, destaca que la 255 es de especial importancia ya que establece que la misión de la Policía Nacional es proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, así como garantizar el libre ejercicio de sus derechos.
“En lo que respecta a los tratados internacionales, las ejecuciones de la Policía Nacional violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que establece en su artículo 4 la obligatoriedad del derecho a la vida, en el artículo 5, el obligatorio respeto a la integridad personal; el artículo 8, el obligatorio respeto a las garantías judiciales, y el artículo 25, la obligatoria protección judicial”, dijo la Coalición Podemos.
Criticó también que los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego sean violados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley (1990).
La organización afirmó que, de 2024 a 2025, alrededor de 5.000 personas (jóvenes de entre 18 y 30 años) perdieron la vida, más del 80%, en presuntos intercambios de disparos, citando por ejemplo que en 2004 fueron ejecutadas 360, en 2005: 437, en 2006: 295, en 2007: 345, en 2008:455, en 2009:346, en 2010:260, en 2011:289, en 2012:236, en 2013:169, en 2014:209, en 2015:193, en 2016:168, en 2017:140,2018:162, 2019:103,2020:80,2021:77,2022:139, 2023.178,2024:227 y 125:187.
La organización dice ser consciente de que frente a la desesperación e inquietud que provoca en la ciudadanía el alto nivel de inseguridad existente y percibido en el país, los ciudadanos también tienen derecho a tener garantizada su vida y sus bienes.
Sin embargo, considera que ejecutar a los presuntos delincuentes, más del 90% entre 18 y 30 años, es como intentar secar el piso con un grifo abierto, pues estos son sólo actores de un sistema roto, caracterizado por la pobreza y las limitaciones, la falta de una estructura familiar que les inculque valores, los supervise y vigile.
Una Policía corrupta, que se asocia con ellos, y los utiliza para beneficiarse del mismo sistema criminal que se supone deben combatir, y cuando estos supuestos delincuentes ya no les sirven ni amenazan su impunidad, los ejecutan, y finalmente, fiscales corruptos que se encargan de garantizar su impunidad.
Señalan que todo esto nos habla de un sistema roto, que debe recomponerse pieza a pieza, creando más oportunidades para los jóvenes, promoviendo la responsabilidad y los valores familiares y combatiendo la corrupción existente al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía.
Finalmente, destacó la importancia de no permitir que se sigan enfrentando problemas o anomalías sociales en el sistema, debilitando el sistema democrático, porque terminaremos siendo víctimas de la teoría de la “ventana rota”, que se da cuando una sociedad tolera o permite que ocurran ciertos eventos o situaciones anómalas, como es el caso de intentar detener el crimen a través de ejecuciones judiciales, acción que aparentemente cuenta con el apoyo de la mayoría de la población, pero se corre el riesgo de que por esa misma ruptura se sigan produciendo cada vez más distorsiones. Toleré eso al mismo tiempo. En última instancia, pueden amenazar la estabilidad social.
