Vivir en una isla significa vivir con riesgos naturales que no podemos controlar. Los terremotos son uno de ellos. No sabemos cuándo ocurrirá uno de gran magnitud, dónde tendrá su epicentro o cuáles serían sus consecuencias. Lo que podemos saber es qué tan preparados están nuestros edificios para resistirlo. Ésa es una responsabilidad que no debemos dejar para más adelante.
Cada vez que ocurre un terremoto devastador, las imágenes de edificios derrumbados, familias que lo pierden todo y vidas que podrían haberse salvado nos recuerdan que los fenómenos naturales no siempre explican la magnitud de las tragedias. Muchos perdidas humanas y materiales están relacionados con la vulnerabilidad de las construcciones, la calidad de los materiales y el incumplimiento de las normas de seguridad.
En nuestro país tendemos a ser descuidados con estas cosas.
Vivimos en un entorno donde actividad sísmica constituye una amenaza real. Deberíamos preguntarnos si nuestras escuelas, hospitales, edificios públicos, centros comerciales y hogares son capaces de soportar un gran terremoto. Un edificio puede parecer sólido y, sin embargo, ocultar deficiencias que sólo salen a la luz cuando ya es demasiado tarde.
También debemos preguntarnos cómo una familia puede saber si la vivienda que compra cumple con los estándares de seguridad. ¿Quién verifica la calidad de los materiales? ¿Las obras están adecuadamente supervisadas? ¿Qué responsabilidad tienen los constructores, promotores y autoridades cuando un edificio no reúne las condiciones necesarias?
Cuando compramos una casa nos emocionamos mucho, pero no se trata sólo de cuántos metros cuadrados tendremos para vivir. Debemos preocuparnos por la seguridad del edificio porque está en juego la vida, la integridad física y el patrimonio de quienes allí habitan. No basta con admirar la fachada, la distribución de los espacios o las instalaciones que ofrece un proyecto.
Desde la perspectiva de la derechos del consumidor, La seguridad no termina cuando se entrega una vivienda o se firma un contrato. Quien adquiere, alquila o utiliza un edificio tiene derecho a esperar que éste reúna las condiciones técnicas y de seguridad establecidas. Esa información no puede ser un privilegio reservado a los expertos.
Necesitamos fortalecer la cultura de prevención, mejorar la supervisión y garantizar que se cumplan las normas. No debería ser necesario esperar a que se produzca un desastre para saber si los controles funcionaron. Las autoridades deben garantizar que la vigilancia no cese cuando se aprueben los planes. La prevención cuesta menos que la reconstrucción y puede evitar pérdidas humanas irreparables.
Con esa preocupación, el Observatorio Nacional de Protección al Consumidor (Onpeco) ha elegido la seguridad de las construcciones ante posibles terremotos como tema de su conferencia-almuerzo anual, con la que celebra diez años de trabajo en defensa de los consumidores.
El encuentro se llevará a cabo el jueves 19 de noviembre en el Hotel W&P Santo Domingo, con la presentación principal a cargo del ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).
Participarán en un panel Patricia Gómez, de Ciudad Alternativa; Nelson Lafontaine, de la UASD, y Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi.
Queremos compartir conocimientos, afrontar inquietudes y ayudar a garantizar que la seguridad de nuestros edificios ya no se discuta sólo después de una tragedia.
No podemos evitar que la tierra tiemble, pero podemos trabajar para que nuestros edificios sean más seguros.
Los interesados pueden llamar a Onpeco al 809-797-2033.
