Santo Domingo.- El Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (ROTURA) valoró la Sentencia TC/1135/26, de 29 de octubre de 2026, por la que se Tribunal Constitucional ordenó el Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP) y a Ministerio de Finanzas y Economía otorgar la pensión de sobrevivencia al cónyuge sobreviviente, pagarle todas las mensualidades no recibidas desde la muerte de su esposo, cumplir en el plazo de tres meses y pagar una multa de RD$2,000 por cada día de retraso.
En su decisión, el Tribunal Reiteró que la falta de autorización del descuento del 2% no puede invocarse para negar la pensión, porque no corresponde a la viuda ni a los hijos sufrir las consecuencias de esa omisión. Esa responsabilidad, según Tribunales único y exclusivo del Administración. Agregó que la pensión de sobrevivencia es un derecho adquirido e inalienable, amparado en el artículo 60 de la Constitucióny aplicó los principios pro homine y favorabilidad.
El artículo 6 del ley No. 379-81, que regula las jubilaciones y pensiones de los Estadoestablece que, al fallecer el pensionado, sus beneficiarios recibirán únicamente el equivalente a doce pagos mensuales de pensión. Sólo si el pensionado autorizó el descuento del 2% en vida (párrafo I), la familia conserva la pensión de forma permanente. En la práctica, un procedimiento que muchos pensionistas ni siquiera conocían decide si su viuda o sus hijos tendrán ingresos de por vida o sólo para un año de pagos.
La decisión no es aislada. Desde la sentencia TC/0432/15de 30 de octubre de 2015, el Tribunal Constitucional Ha sostenido que el apartado I del artículo 6 no es un mandato imperativo, ya que la ley dice que el pensionado “podrá” autorizar el descuento. Este criterio ha sido reiterado, entre otras, en las sentencias TC/0158/18, TC/0254/22, TC/1700/25 y TC/0029/26y ahora en el TC/1135/26.
Sin embargo, a pesar de esta constante línea de jurisprudencia, las negativas continúan. Cada familia afectada se ve obligada a acudir a los tribunales para que se les reconozca, caso por caso, un derecho que la Constitución ya garantiza en sus artículos 38 (dignidad humana), 55 (familia), 57 (personas mayores) y 60 (seguridad social). En el caso ahora resuelto, la viuda tuvo que viajar el Tribunal Superior Administrativoque declaró inadmisible su protección, y luego el Tribunal Constitucionalcasi dos años después de la muerte de su marido.
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La solución subyacente: la acción de ROTURA
Por esa razón, el ROTURA presentado ante él Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra el inciso I del artículo 6 de la Ley núm. 379-81. Si bien las sentencias de amparo benefician sólo al demandante, una decisión sobre esta acción tendría efectos generales y protegería a todas las familias de pensionados y jubilados del Estado que hoy se encuentran en la misma situación, sin necesidad de abogados, gastos ni años de litigio.
El Tribunal Constitucional Lleva más de diez años diciendo que la falta de ese 2% no puede dejar a una viuda sin pensión. Lo justo es que ninguna familia tenga que demandar al Estado para cobrar lo que debe. Por eso solicitamos a la Corte que tome conocimiento de nuestra actuación y resuelva este problema para todos”, afirmó el director general de la ROTURA, Elías Báez.
El ROTURA reiteró su respetuoso llamado a Tribunal Constitucional para que conozca y resuelva la acción interpuesta, a fin de que se establezca una solución constitucional de alcance general que garantice el derecho a la pensión de sobrevivencia de los familiares afectados.
¿Le negaron una pensión de supervivencia?
El ROTURA invita a familiares de pensionados y jubilados Estadoa quienes se les ha negado la pensión de sobrevivencia, a comunicarse con la institución para recibir orientación y asistencia jurídica gratuita, a través del teléfono 809-472-1900 (24 horas), sus redes sociales, su oficina central, sus direcciones provinciales o la Punto GOB.
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