Antes de ser elegido presidente de la República en 2020, Luis Abinader recorrió en varias ocasiones el país expresando su compromiso que, de recibir apoyo popular, uno de los principales cambios que impulsaría el Gobierno sería garantizar la independencia y el fortalecimiento del sistema de justicia, por su impacto en el ordenamiento jurídico, las instituciones y la calidad democrática de la nación.
Como ciudadano, estudioso de la realidad nacional y líder político, Abinader entendió que tanto para la vida cotidiana del pueblo, con sus conflictos sociales y personales, como para el desarrollo del mundo empresarial, la protección de los derechos laborales y el fortalecimiento de las instituciones, era fundamental contar con un sistema de justicia independiente, integrado por funcionarios cuyo único sometimiento fuera el mandato de la Constitución y las leyes.
La semana pasada, desde su liderazgo del Consejo Nacional de la Judicatura (CNM), el presidente Abinader impulsó una renovación de la Corte Suprema de Justicia que ha recibido evaluaciones muy favorables de destacados representantes del ámbito jurídico nacional.
Esta decisión se suma a otros dos hitos de su gestión: la independencia del Ministerio Público y la aprobación del nuevo Código Penal. Tres acciones de especial importancia que, vistas en conjunto, representan aportes fundamentales al fortalecimiento del Estado de derecho dominicano.
Ministerio Público Independiente
El mismo día de su juramentación, el 16 de agosto de 2020, Abinader designó a las juezas Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso como fiscal general y procuradora adjunta de la República, respectivamente.
El presidente entrante encontró en el propio sistema judicial dos juristas de reconocida experiencia, cuya solvencia profesional, integridad y prestigio constituyeron credenciales suficientes para confiarles el liderazgo del Ministerio Público. La única orientación que les transmitió al asumir sus responsabilidades fue que debían actuar con estricto apego a la ley, sin atender a intereses políticos o personales.
Esas designaciones constituyeron la piedra angular de su compromiso de brindar independencia al organismo que persigue el delito, transformación que ha tenido expresiones concretas en investigaciones y procesos judiciales que han alcanzado tanto a figuras de administraciones anteriores como a altos funcionarios y allegados del propio gobierno.
Los casos de corrupción investigados, incluido el del SENASA, y las acciones contra personas vinculadas a distintos ámbitos de poder han contribuido a demostrar que la acción del Ministerio Público no se ha detenido por jerarquías, relaciones políticas o vínculos personales.
Se trata de un cambio de enorme importancia para una sociedad que durante décadas exigió que la justicia dejara de ser un “mercado persa”, como se le llamaba, o actuar en base a mandatos políticos partidistas, y que la ley tuviera el mismo peso para todos.
Nuevo Código Penal
La aprobación del nuevo Código Penal constituye otro de los grandes hitos del proceso de modernización institucional impulsado durante la gestión de Abinader.
Se trata de la transformación más significativa de la legislación penal dominicana en más de un siglo, que permitirá enfrentar, con herramientas jurídicas actualizadas, modalidades penales que el antiguo sistema no contemplaba o no abordaba adecuadamente.
La nueva arquitectura penal incorpora disposiciones para combatir más eficazmente el crimen organizado, la corrupción, el cibercrimen y otras manifestaciones delictivas propias de una sociedad mucho más compleja que la que existía cuando se promulgó el código anterior.
Destacados juristas han valorado favorablemente su aprobación, considerando que permite dejar atrás una legislación anacrónica y abre oportunidades para renovar el pensamiento jurídico, la formación de los profesionales del derecho y la capacidad de respuesta del sistema de justicia ante los nuevos desafíos.
Es cierto que el texto contiene disposiciones que podrían mejorarse y que algunas de sus soluciones han generado legítimas controversias. Pero estas observaciones no deben ignorar la importancia de haber superado un aplazamiento legislativo que duró más de lo debido.
La existencia de aspectos perfectibles no tenía por qué seguir siendo una excusa para posponer indefinidamente una reforma tan necesaria. Es razonable que las disposiciones que ameritan revisión sean examinadas y corregidas a través de los cauces institucionales correspondientes, sin renunciar al avance que representa la actualización integral de la legislación penal.
Nueva Corte Suprema de Justicia
En ejercicio de sus facultades constitucionales como órgano responsable de la selección de los jueces de los tribunales superiores, el Consejo Nacional de la Judicatura acaba de culminar una renovación de la Corte Suprema de Justicia que ha levantado expectativas favorables en el ámbito jurídico nacional.
La designación de Justiniano Montero Montero como presidente de la SCJ, juez de carrera y docente por vocación, junto a otros jueces destacados de la carrera judicial y reconocidos profesionales del derecho, constituye una apuesta por la experiencia, la formación y el fortalecimiento de la institucionalidad judicial.
El destacado jurista e intelectual Eduardo Jorge Prats saludó la elección con estas palabras: “Felizmente el Consejo Nacional de la Judicatura, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, ha terminado de conformar una Corte Suprema de Justicia integrada por una magnífica cohorte de jueces de la carrera judicial”.
Por su parte, otro jurista e intelectual de reconocida trayectoria, Olivo A. Rodríguez Huertas, destacó que: “Si algo ha distinguido la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader ha sido su constante prédica a favor del fortalecimiento del sector justicia, entendido en su doble dimensión: los jueces y el ministerio público. Desde el inicio de su primer mandato ha insistido en que sin un sistema de justicia independiente no hay estado de derecho posible, y ha buscado traducir esa convicción en reformas concretas”.
Estas valoraciones son particularmente importantes porque provienen de profesionales del derecho que reconocen en las recientes decisiones del CNM una oportunidad para consolidar un sistema de justicia más independiente, profesional y confiable.
Un legado institucional
La independencia del Ministerio Público, la renovación de la Corte Suprema de Justicia y la aprobación de un nuevo Código Penal no son acciones aisladas. Son componentes de una misma visión sobre el papel que debe desempeñar la justicia en una democracia moderna.
Un sistema de justicia independiente no sólo protege los derechos de los ciudadanos y castiga el comportamiento criminal. También ofrece seguridad jurídica a quienes producen, trabajan, invierten y emprenden negocios, contribuye a reducir la impunidad y fortalece la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Por lo tanto, más allá de las diferencias políticas y discusiones legítimas que estas decisiones puedan suscitar, es justo reconocer su importancia para el desarrollo institucional de la República Dominicana.
Consolidar estos avances, garantizar su continuidad y evitar cualquier retroceso será una responsabilidad que deberá trascender al gobierno que los ha impulsado.
