La Organización de las Naciones Unidas (ONU) Advirtió sobre posibles prácticas de trata de personas vinculadas al reclutamiento de ciudadanos extranjeros para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Según una investigación de su Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, hay pruebas de reclutamiento fraudulento o forzado de personas de al menos 29 países.
El documento fue presentado este lunes durante la 27ª sesión plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU. Entre los países cuyos ciudadanos se habrían visto afectados se encuentran República Dominicana, El Salvador y Honduras, además de otras naciones de América Latina, África y Asia.
Según las conclusiones, los mecanismos de reclutamiento habrían operado a través de redes organizadas que ofrecían oportunidades laborales en Rusia, pero que posteriormente llevaban a los reclutados a unirse a operaciones militares en territorio ucraniano.
La investigación examinó casos que involucraban a ciudadanos de 48 Estados y encontró pruebas contundentes de prácticas de reclutamiento irregulares en los siguientes 29 países: Azerbaiyán, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Botswana, Camerún, Colombia, El Salvador, Filipinas, Ghana, Honduras, India, Jordania, Kenia, Marruecos, Nigeria, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Somalia, Sri Lanka, Tayikistán, Túnez, Turquía, Uganda, Uzbekistán, Yemen y Zimbabwe.
Falsas ofertas de trabajo y traslado al frente de batalla
El informe describe un patrón de reclutamiento dirigido principalmente a hombres de entre 18 y 60 años que enfrentaban dificultades económicas. Los reclutadores utilizaron redes sociales y agencias informales para ofrecer empleos con salarios atractivos en moneda extranjera.
Las ofertas incluían tareas civiles como vigilancia, conducción, mecánica, soldadura y mantenimiento en almacenes o instalaciones logísticas. Según la investigación, las propuestas no advertían inicialmente que los trabajadores pudieran acabar involucrados en actividades militares.
Una vez que los interesados acordaron viajar, los intermediarios supuestamente gestionaban las visas y coordinaban itinerarios aéreos con escalas en diferentes ciudades internacionales.
Sin embargo, al llegar a Rusia, algunos de los afectados habrían sido despojados de sus pasaportes y teléfonos móviles, para luego ser llevados a instalaciones militares. Allí, según los testimonios recabados, fueron presionados para firmar documentos de constitución escritos en ruso, idioma que muchos no dominaban.
El informe también incluye denuncias de amenazas, agresiones físicas y advertencias de encarcelamiento o deportación contra quienes intentaron negarse a participar o abandonar los acuerdos firmados.
Extranjeros enviados a operaciones de alto riesgo
La comisión observó que varios de los ciudadanos reclutados recibieron poco entrenamiento militar antes de ser enviados a zonas de combate en el este de Ucrania. Esta situación, según los testimonios analizados, los expuso a escenarios de alto riesgo en los que se reportaron muertes, desapariciones y capturas.
Entre los casos mencionados está el del hondureño Wilson Noel Quintero Guzmán, quien denunció que viajó a Rusia luego de recibir una oferta para trabajar como guardia de seguridad. Según su testimonio, una vez en el país le quitaron sus documentos y terminó obligado a luchar.
Los investigadores atribuyeron la responsabilidad de los mecanismos de reclutamiento descritos en el informe a las estructuras de mando militar rusas.
Asimismo, el documento establece una importante distinción jurídica: los extranjeros incorporados formalmente a las Fuerzas Armadas rusas no deben ser considerados automáticamente mercenarios. Su condición de combatientes significa que, cuando corresponda, deben recibir la protección prevista en el derecho internacional humanitario y los Convenios de Ginebra, incluidas las garantías aplicables a los prisioneros de guerra.
ONU pide liberar a los afectados y facilitar su regreso
Ante las conclusiones, la comisión pidió a las autoridades rusas anular los contratos militares obtenidos mediante engaño o coacción, liberar a las personas afectadas y garantizar que puedan regresar de forma segura a sus países de origen.
Los expertos también llamaron a los gobiernos de las naciones de origen a reconocer el posible estatus de víctimas de trata de personas de quienes han sido capturados en estas circunstancias y evitar criminalizarlos automáticamente a su regreso.
Además, instaron a fortalecer las investigaciones judiciales para identificar y desmantelar las redes de intermediarios que presuntamente operan en distintos países para reclutar ciudadanos con falsas promesas de empleo.
El informe destaca los riesgos que enfrentan las personas económicamente vulnerables cuando son atraídas por ofertas de trabajo engañosas y terminan involucradas en conflictos armados fuera de sus países.
